El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace mucho tiempo dejó de ser un poder ciudadano independiente de los poderes políticos partidistas de turno. Su inacción lo ha deslegitimado, a tal punto que el discurso de eliminarlos está calando en la mayoría de los sectores ciudadanos. Sin embargo, ninguna salida política debe violentar la Constitución. La Asamblea Nacional del período legislativo anterior realizó dos debates al respecto, pero su intención de retirarle las atribuciones de designar autoridades de control fue fallida por la falta de votos necesarios, 86 de los 91 que se requerían.
Los resultados dejan ver que nunca ha habido la firme decisión política de eliminarlo, pero sí de cooptarlo. El organismo, a cuál desde varios sectores se refieren como la -joya de la corona- de Montecristi- es la razón de la polémica entre los favoritismos políticos del oficialismo y la oposición. La intención natural de crearlo era despartidizar la designación de las autoridades de control, mas no de convertirse en un pequeña Asamblea Nacional donde sí es legal y legítima una postura ligada al oficialismo y a la oposición, por la pluralidad ideológica que representan.
Su modelo constitucional se presta para ser un organismo fácilmente captable por el poder político partidista. La inacción, la pugna interna y la falta de cumplimiento de las atribuciones, ha puesto al organismo bajo la amenaza de la censura y posible destitución de los siete consejeros por parte de la Función Legislativa. De no proceder la destitución, tienen solo un año para cumplir su trabajo pendiente.
