A los economistas se les plantea cada vez más una demanda específica sobre la “minería informal”, puesto que el aparato legislativo (asamblea), no puede funcionar bien sin apoyarse en los instrumentos económicos, por dos motivos. Se necesita una valoración de los daños para fijar el monto de las indemnizaciones, su negociación, con procedimientos basados en incentivos, y de coordinación para la obtención de una licencia ambiental, que pertenezcan al análisis económico, donde el Estado es parte o socio de este recurso, cuyo objetivo es ayudar a la toma de decisiones públicas, que son de naturaleza preventiva, no destructiva…que también provoca, y hay daño ambiental.
Es decir, hay que presentar, no solo un listado razonado y pragmático de las teorías más o menos antagónicas; sino que hay que abogar por una economía del ambiente en acción, con relación a los beneficios esperados, y que las indemnizaciones correspondan a estos daños, con el único objetivo de evitar conflictos entre diferentes generaciones, de mineros consecuencia de la falta de mitigación y corresponsalía del Estado, y no con métodos violentos que es característica de muchas cuestiones ambientales…
No hay que descartar ni descalificar a priori el análisis económico ambiental a pretexto de las dificultades que presenta, debería ser una etapa necesaria del proceso que va desde la identificación de un problema ambiental, hasta poner en marcha una solución.
Por lo tanto, antes de implementar políticas ambientales eficaces, es importante diagnosticar el ¿Por Qué? O las causas de este deterioro ambiental; y las razones de su persistencia. ¿Acaso no se piensa en el ser humano, como obrero, productor…o se piensa solo en las transnacionales en el ¡Yo! y el capital. (O)
