La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Ana Elena Badilla, advirtió que los plazos que prevé la legislación del aborto por violación recientemente aprobada por la Asamblea Nacional podrían limitar ese derecho constitucional en el país andino, que aún requiere del visto bueno presidencial para entrar en vigor.
«La solución (alcanzada por el Legislativo), que rebaja bastante el número de semanas en las cuales se podrá realizar la interrupción del embarazo, puede restringir el ejercicio del derecho», manifestó en una entrevista con Efe la costarricense Badilla, al subrayar que los plazos «son relativamente cortos» en relación con los de legislaciones de otros países de la región.
La norma, que sigue a la despenalización dictada en 2021 por la Corte Constitucional, fue aprobada por la Asamblea Nacional el mes pasado, y establece que toda mujer violada puede acceder al aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.
Plazos limitados
La representante de ONU Mujeres argumentó que los estándares internacionales en los casos de violación no señalan límites para el aborto en general y que tanto en el entorno de la víctima de violación como en la familia, la interrupción voluntaria del embarazo conlleva efectos emocionales que pesan en la decisión.
Por ello valoró que «entre más cortos sean los plazos, más difícil se hace poder ejercer ese derecho». «Esa es nuestra preocupación», afirmó.
Recordó que la legislación responde a una decisión constitucional y que el presidente Guillermo Lasso, al conocer el fallo, dijo que, pese a no estar de acuerdo a título personal, respetaría la decisión.
Sin embargo, el mandatario, de tendencia conservadora, recientemente adelantó que tenía intenciones de vetar el texto, lo que ha generado inquietud entre las organizaciones de mujeres que de por sí consideraron que quedó reducida a una mínima expresión.
«Creo que hay una expectativa muy importante ante el anuncio que hizo (el presidente) de veto, que no sabemos si será total o parcial», rescató Badilla, para quien «es importante recordar ese mandato de la Corte Constitucional y que las autoridades deberían cumplir con él». (EFE)
