La tensa relación entre Ejecutivo y Legislativo todavía no es lo suficientemente grave como para que el Gobierno considere la aplicación de la muerte cruzada, así lo manifestó Carlo Jijón, vocero presidencial. Sin embargo, en la Asamblea dicen no temer a una decisión de este tipo.
“Todos entendemos que se trata de un instrumento previsto en la Constitución, para solucionar las crisis políticas, cuando llegan a un extremo de gravedad del que el país no puede salir, pero no es el caso en este momento, el Gobierno busca conversar, priorizar el diálogo con los asambleístas, con los distintos bloques, para encontrar medidas civilizadas y de consenso a los problemas que hay, esto es posible”, dijo Jijón.
Aunque en la presentación de su renuncia el asambleísta César Rohón (exsocialcristiano) dejó claro que su decisión la tomó por la poca importancia que en la Asamblea se les da a los problemas reales del país, para enfrascarse en disputas políticas, el exlegislador puntualizó que la muerte cruzada no solucionaría nada, pues en “seis meses se elegiría a los mismos”.
Sin embargo, el propio legislador gobiernista, Francisco Jiménez, considera que el bloqueo de la Asamblea a las propuestas del presidente Guillermo Lasso están llegado a su límite y advierte que el posible archivo de la Ley de Inversiones se podría convertir en la gota que derrame el vaso y obligue al Ejecutivo a llamar a la muerte cruzada.
“Esta es una ley positiva, que permitirá crear empleo, si a pesar de eso, las bancadas insisten neciamente en bloquear cualquier tipo de progreso, eventualmente estaríamos ya en un marco de obstrucción del Legislativo, al trabajo del Ejecutivo”, advirtió Jiménez.
Wilma Andrade (Izquierda Democrática) coincide en que el tratamiento de la Ley de Inversiones será un punto decisivo para que el Gobierno tome la decisión de disolver la Asamblea.
“Si esta ley, que es la bandera de lucha del Gobierno, y a la cual le estamos puliendo para que sea totalmente positiva, igual no es aprobada, es una muestra de que no existen posibilidades de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo, sería la hora de llamar a la muerte cruzada”, dijo Andrade.
En el sector de Pachakutik, Salvador Quishpe es parte de quienes afirman que se negarán a la aprobación de la Ley de Inversiones, por considerarla privatizadora, y recalca que, si el Gobierno así lo decide, está dispuesto a someterse a la muerte cruzada y que sea el país el que decida la suerte del Ejecutivo y el Legislativo.
“Que se venga la muerte cruzada, porque Lasso sabe que después de la muerte cruzada no sabemos quién llegará a ser Gobierno, pero sí sabemos que Lasso no seguirá al frente del Gobierno”, dijo Quishpe.
Desde el correísmo, Ronny Aleaga también dice no temerle a la muerte cruzada, pide que se la convoque, porque acepta que el trabajo de la Asamblea ha sido cuestionable, pero señala como la responsable a Guadalupe Llori, presidenta del legislativo. “Lo que no ha funcionado ha sido la administración”, dijo.
La muerte cruzada es un mecanismo que, según el artículo 148 de la Constitución, puede ser aplicado por el presidente de la República cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones, si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna.
En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales. Hasta la instalación de la nueva Asamblea, el presidente podrá expedir decretos-leyes de urgencia económica.
Una decisión inconveniente
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, considera como acertada la decisión del Gobierno de descartar la aplicación de la muerte cruzada, pues saldría perdiendo, ya que el apoyo de la ciudadanía no le alcanzaría para volver al poder y, al contrario, le dejaría la vía libre al correísmo.
Por el contrario, el experto señaló que, aunque el trámite es más complicado y necesita de la aprobación de la Corte Constitucional, es mucho más probable que el presidente sea destituido por la Asamblea.
“Las últimas votaciones, en las que la bancada de CREO se ha quedado solo, son una muestra de que la oposición cuenta con más de 92 votos necesarios para llamar a juicio político al presidente y destituirlo”, afirmó Celi.
Tomando en cuenta este panorama, el politólogo Mauricio Alarcón considera que lo más apropiado es que el Gobierno se mantenga como hasta ahora, negociando con mayorías móviles la aprobación de las leyes, pues de lo contrario, se produciría una gran inestabilidad en el país.
“Al presidente no le conviene, por las cifras, abrir el espacio a un referendo ratificatorio, los números no le son favorables, se estaría suicidando políticamente, lo mejor es que actúe con sensatez, para buscar acuerdos, negociar, siempre por encima de la mesa, como hasta ahora, sin ocultar nada”, dijo el experto.
