La asamblea, incrementando “méritos” para su desprestigio, hace unos días tomó una polémica decisión: aprobar la amnistía para 268 personas acusadas de delincuencia, cuyos procesos se encuentran en el sistema legal. Dejando a un lado procedimientos del poder judicial, en definitiva, se declaró la inocencia de estos acusados y procesados. Es posible que, tratándose de protestas que deterioraron el funcionamiento de una ciudad algunos de los acusados merezcan la declaración de inocencia, pero, considerando el incendio de un edificio y los daños al centro urbano es evidente que había personas que cometieron delitos comunes graves que van más allá del ejercicio del derecho a la protesta.
El menos común de los sentidos nos dice que lo normal habría sido analizar caso por caso para asegurar las circunstancias en que actuaron, para que delincuentes comunes no se beneficien de esta propuesta, pero se impuso el voto mayoritario de los asambleístas pues, más que considerar la justicia de las decisiones, primó el interés político de agrupaciones partidistas para las que, más allá de la legitimidad de la decisión, priman los intereses partidistas, es decir, más allá de la culpabilidad o inocencia de las personas, pesa, con indecencia, los intereses de grupos por reñidos con la justicia sean.
Sobrepasando lo cuestionable de esta amnistía, es de mucha gravedad el daño que ocasiona al funcionamiento práctico de la democracia real que, de alguna manera, es el imperio de las leyes. Esta decisión lleva a que en el futuro se difunda la creencia de que, so pretexto de “participación política” se pueda cometer cualquier tipo de delitos ya que, al margen de los procesos judiciales, no faltará una asamblea que declare su inocencia. Una democracia real funciona cuando las leyes se observan y aplican con seriedad, lo que garantiza el orden público; si las leyes se echan al tacho de la basura, como lo ocurrido, el ordenamiento global pierde importancia.
