La crisis política no da tregua en Perú y este lunes abrió un nuevo capítulo que allana el camino para la posible destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, con la decisión del Congreso de admitir a debate una moción presentada por un sector de la oposición parlamentaria.
Con 76 votos a favor, 41 en contra y uno en abstención, el hemiciclo peruano, que domina la oposición, dio luz verde a que Castillo sea sometido a un juicio político y deba presentarse ante el pleno para brindar sus descargos sobre los 20 puntos en los que se sustenta esta iniciativa legislativa multipartidaria.
La fecha para el debate y la votación de la moción se fijó para el próximo lunes 28 de marzo, justo el día en que el mandatario cumplirá ocho meses de gestión y deberá acudir a la cámara o enviar a su abogado para ejercer su derecho a defensa.
El pedido de destitución fue presentado la semana pasada por el vocero del partido ultraderechista Renovación Popular, el legislador Jorge Montoya, y contó con el apoyo en bloque de su agrupación, así como del partido fujimorista Fuerza Popular y los conservadores Acción Popular, Avanza País y Podemos Perú, y la gran mayoría de Alianza para el Progreso y Somos Perú.
Para dar continuidad al proceso, se requería el voto favorable de 50 de los 120 congresistas presentes en la sesión plenaria, una meta que se superó de largo, a diferencia de un primer intento de destitución que impulsó la oposición en noviembre pasado, cuando no se alcanzaron los votos para admitirlo a trámite.
La incógnita reside ahora en saber si el hemiciclo alcanzará los 87 votos que se necesitan para que la moción sea aprobada y proceda así la destitución del gobernante, cuya gestión ha sido turbulenta desde que comenzó, el pasado 28 de julio.
«PERMANENTE INCAPACIDAD MORAL»
A decir de sus impulsores, la moción de vacancia se fundamenta en una serie de «hechos objetivos» que ameritan la destitución de Castillo por «permanente incapacidad moral».
Entre ellos figuran las presuntas «contradicciones y mentiras del presidente en investigaciones fiscales» e irregularidades en ascensos militares y policiales, aunque el documento también menciona las «cuestionables» designaciones de por lo menos 10 ministros y la supuesta existencia de un «gabinete en la sombra» en el Ejecutivo.
Asimismo, alude a la intención del mandatario de someter a consulta popular una salida al mar para Bolivia y a las recientes declaraciones de una empresaria que denunció ante la Fiscalía una presunta red de corrupción enquistada en el Ejecutivo, algo que Castillo rechazó «tajantemente» y acusó de ser un plan de un sector de la oposición para sacarlo del poder.
Previo al debate de la moción de vacancia, la Junta de Portavoces del Congreso aceptó el pedido de Castillo para presentarse este martes en la tarde ante el pleno para brindar un pronunciamiento que, según adelantó el sábado el primer ministro, Aníbal Torres, podrá traer «alguna sorpresa».
OTRO GABINETE CUESTIONADO
La decisión del Parlamento de admitir a debate el pedido de destitución presidencial llegó una semana después de que la Cámara otorgara el voto de confianza al nuevo gabinete presidido por Torres.
Este es el cuarto equipo ministerial que acumula el gobernante izquierdista en un lapso de casi ocho meses, aunque el tercero ni siquiera llegó a pedir la confianza al Congreso porque quien lo encabezaba, el legislador Héctor Valer, renunció a los pocos días de asumir el cargo tras revelarse que tenía denuncias por presunta violencia familiar.
Lejos de calmar los ánimos, la designación del nuevo gabinete volvió a atizar polémica por la presunta falta de idoneidad de algunos de sus integrantes, en especial de los ministros de Salud y Justicia, quienes el próximo miércoles deberán concurrir al pleno del Legislativo para ser interpelados, como paso previo a una eventual censura.
El titular de Salud, Hernán Condori, tendrá que responder por supuestamente haber promocionado productos farmacéuticos sin sustento científico, como el agua arracimada, y por la investigación que se le sigue por presunta corrupción durante su gestión como director de Salud de la región centro andina de Junín.
Por su parte, el ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, deberá dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades y denuncias por negligencia mientras se desempeñaba como procurador adjunto de la región norteña de Áncash. EFE
