La semana pasada una aberrante mayoría en la Asamblea Nacional ha concedido Amnistía para los 268 ciudadanos que fueron protagonistas de los deplorables hechos de octubre de 2019. Increíblemente hemos visto como se unieron en forma antinatural correístas, socialcristianos y “pachakutis”, así como algunos de la Izquierda Democrática e independientes. Enemigos los unos de los otros en un pasado reciente, perseguidos unos y perseguidores otros, estuvieron felices, abrazados, celebrando el “triunfo” de disponer que los delincuentes de esa deplorable fecha fueran exculpados de los actos bochornosos que cometieron en vista y presencia de la sociedad ecuatoriana ¿Qué pactos y contubernios habrá detrás de esto…?
Según nuestra Constitución la Amnistía es un recurso que sirve para reparar una injusticia y ayudar a la paz social. En el caso que nos ocupa ninguna de estas circunstancias existe. Se olvida la serie de perjuicios ocasionados a los civiles en ese espantoso levantamiento. Con tan deplorable ejemplo los ladrones, secuestradores, asaltantes y más delincuentes comunes que están en las cárceles pueden pedir que la Asamblea disponga la Amnistía para ellos.
Alguno de los que fueron protagonistas de esos vergonzosos hechos, que secuestraron policías y periodistas, que casi matan a un periodista, que incendiaron el edificio y archivos de la Contraloría, que destruyeron bienes patrimoniales de Quito, que causaron destrozos en la propiedad privada, alguno de esos, digo, ha escrito que esa fue “una violencia sagrada”. Semejante tontería no merece ningún análisis ni contradicción. Estamos conscientes de que hay un ridículo afán de justificar los delitos cometidos.
Loa amnistiados creen que han sido declarados inocentes y eso no es así. La inocencia o culpabilidad tiene que ser demostrada en un juicio y no en un “perdón” que tiene carácter político. Siguen siendo responsables de la paralización de servicios públicos, de los daños y perjuicios al Estado y a las personas que fueron afectadas. Sería justo y legal que se entable juicios civiles o penales a los responsables de las barbaridades cometidas y a los Asambleístas “amnistiadores”. (O)
