El anuncio del veto parcial a la Ley de interrupción del embarazo por violación muestra cómo en un Estado que se declara laico, son sin embargo las creencias religiosas de los gobernantes las que determinan sus decisiones; esto, aunque la Corte Constitucional ya despenalizó el aborto por violación y las estadísticas colocan al país como el segundo en América Latina con los más altos índices de embarazos infantiles. El 12 % de las adolescentes ecuatorianas han estado embarazadas al menos una vez y el 78 % de estos embarazos se registran entre los 10 y 14 años. ¿Sabrá el señor Lasso que el 80% de los embarazos adolescentes son consecuencia de abusos sexuales según el informe (2021) realizado por CARE, World Vision, Plan International y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Las políticas públicas históricamente tienen una deuda inmensa con las mujeres y más con quienes viven en las zonas rurales donde las condiciones de vida para ellas profundizan las desigualdades de género. Las limitaciones en el tiempo, los requerimientos y las condiciones que pretende imponer el Presidente ecuatoriano con su veto fortalece una cultura de violación, de incesto, de estupro y de maternidad forzada de niñas y mujeres, mientras, ni siquiera se mira la urgencia de enfrentar la tenaz realidad de la salud mental y la educación sexual de la sociedad ecuatoriana. (O)
