El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, pidió este sábado a la Fiscalía que investigue a varios legisladores que votaron en contra de un proyecto de ley de inversiones que impulsaba el Ejecutivo, y que fue archivado por una amplia mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento).
En una carta dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, Lasso pidió investigar por el delito de concusión (exigir pagos indebidos) a los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, todos ellos del movimiento indígena Pachakutik, así como al asesor parlamentario Marcelo Rosero.
El mandatario también pidió al Servicio de Rentas Internas (la agencia de recaudación del Estado) investigar una posible evasión tributaria del dirigente político Xavier Hervas, un excandidato presidencial y líder de Izquierda Democrática (socialdemocracia), partido que también se opuso al proyecto de ley de inversiones.
Con ello, Lasso dijo cumplir con su obligación de denunciar la corrupción, aunque su pronunciamiento también responde a voces de opositores que le pedían aclarar su comentario del pasado jueves, cuando afirmó que la Asamblea había negado y archivado su proyecto porque no se había sometido a los «chantajes» de ciertos políticos.
En su carta, Lasso explicó que en días pasados unos colaboradores suyos habían mantenido una reunión política con cierto asambleístas para tratar el eventual apoyo a la ley de inversiones que se tramitaba en el Parlamento.
Los legisladores involucrados, según el relato del mandatario, habrían pedido beneficios económicos «a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley».
El gobernante dijo que no podía mantenerse en el silencio y que por ello cumplía con su obligación de poner en conocimiento de la fiscal Salazar la denuncia para que investigue el caso.
Asimismo, en su carta al organismo de recaudación, Lasso explicó que en una reunión que mantuvo con Hervas sobre el proyecto legal, al que pidió apoyo del partido Izquierda Democrática, el político «en forma inaudita» hizo referencia a que el SRI había iniciado en su contra una fiscalización.
El mandatario pidió al SRI que notara que Hervas ha declarado Impuesto a la Renta por algo más de 3.600 dólares entre 2009 y 2020, e incluso con registros de «cero» en algunos años.
Sin embargo, arguyó Lasso, Hervas ha declarado por montos mayores el Impuesto a la Salida de Divisas, lo que resulta incompatible.
Por ello, dijo, ha instruido al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero para que investiguen de forma exhaustiva el caso y, si corresponde, se presente una denuncia penal.
Por su parte, Hervas aseguró que fue el presidente Lasso quien le visitó en su empresa y que fue él quien le pidió que apoyase la aprobación de la llamada ley de inversiones, a lo que se negó ya que él no es legislador.
«Jamás le he pedido nada», afirmó Hervas en un vídeo subido a las redes sociales, en el que incluso dijo sentirse en la indefensión ante las acusaciones del mandatario.
«Con el poder que él tiene, cualquiera queda indefenso», agregó.
Con el voto afirmativo de 87 legisladores, 44 negativos y 3 abstenciones, el pleno de la Asamblea aprobó el pasado jueves una moción para «negar y archivar» el proyecto de ley del Gobierno.
Lasso reaccionó inmediatamente y, en un vídeo colgado en redes sociales, tildó de «ladrones» a los legisladores que rechazaron su propuesta.
«Esta ley ha sido negada porque no hemos aceptado el chantaje» de políticos que han pedido «hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de sus votos», aseguró entonces el mandatario.
«Son ladrones y corruptos, hay que decirlo claro» y el pueblo está «indignado contra estos políticos», insistió el gobernante conservador y exbanquero.
«Como presidente de la República tengo la obligación de encontrar los mejores caminos constitucionales para lograr las oportunidades que ustedes se merecen», afirmó, y concluyó: «Primero ustedes, después estos ladrones».
La Ley de Inversiones propuesta por Lasso contemplaba atraer unos 30.000 millones de dólares en inversión y generar más de 2 millones de empleos, con una apuesta por desarrollar las asociaciones público-privadas en el país.
Sin embargo, sindicatos, movimientos indígenas, organizaciones sociales y partidos de izquierdas se habían opuesto a la propuesta de Lasso por considerar que favorecían exclusivamente a banqueros, facilitaba las privatizaciones de empresas del Estado, afectaba a la mayoría de la población y respondía a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. EFE
