Colectivos feministas de Ecuador entregaron este miércoles una acción de incumplimiento a la Corte Constitucional sobre el veto parcial impuesto por el presidente, Guillermo Lasso, a la ley del aborto por violación, al considerar que este «obstaculiza» el acceso a la interrupción voluntaria de la gestación.
Estas organizaciones acudieron así a la misma instancia que hace casi un año despenalizó el aborto en una histórica sentencia que consideran incumplida por parte del jefe de Estado al vetar parcialmente la norma aprobada en febrero por la Asamblea Nacional.
En una rueda de prensa junto a la sede de la alta instancia judicial, representantes del denominado Encuentro Nacional en defensa de la ley de despenalización de aborto por violación argumentaron que el veto presidencial vulnera derechos constitucionales.
Virginia Gómez De la Torre, directora de Fundación Desafío, afirmó que el veto fue «elaborado con el espíritu de obstaculizar el acceso de las mujeres, niñas y personas gestantes a un aborto legal en caso de violación que ya fue despenalizado por sentencia constitucional».
VETO Y LEY CUESTIONADOS
El pasado 16 de marzo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio a conocer su veto parcial a la ley aprobada en la Asamblea Nacional que regula el aborto por violación, y encendió las alertas entre colectivos feministas que ya consideraban insuficiente la norma.
Lasso propuso incluir 61 «textos alternativos» a la legislación y consideró que esta, supuestamente, no concuerda con el espíritu del fallo de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto en casos de violación en abril de 2021 y ordenó a la Asamblea regular el procedimiento mediante una ley.
Entre las sugerencias del mandatario figuran que se unifique el plazo de 12 semanas en casos de aborto por violación y no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.
Propuso, además, «requisitos» para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.
TILDADO DE «CRIMINAL»
Gómez De la Torre calificó el veto de «criminal, antiético y que humilla a las mujeres» porque, según ella, «promueve la muerte, la corrupción y la vulneración de los derechos».
Por su parte, la abogada Angélica Porras, integrante de Acción Jurídica Popular, aseguró que el veto incumple todos los parámetros establecidos en la sentencia de la Constitucional, así como en el auto de aclaración de la misma.
Y como ejemplos, refirió que la resolución impide que a través de la ley se obstaculice el acceso al aborto, medida que cree que el veto presidencial incumple al exigir que la víctima de violación tenga que presentar una denuncia penal o una declaración juramentada ante un notario.
«Las niñas y adolescentes mayoritariamente son violadas en un entorno cercano», recordó Porras al valorar que exigirles la denuncia o declaración supone, de facto, impedir que acudan a una interrupción del embarazo seguro, y «se decanten por abortos clandestinos que pongan su vida en peligro».
REQUISITOS REVICTIMIZANTES
Conforme al documento presentado, el veto obliga a las víctimas a presentar denuncia, declaración juramentada y examen médico legal, medidas que contrarían «la legislación comparada que ha eliminado estos requisitos por ser revictimizantes, nada efectivos a la hora de ubicar al violador, humillantes por considerar a la mujer como sospechosa de mentir al solicitar este derecho».
La letrada denunció que en su veto, Lasso, de tendencia conservadora, expuso sus creencias religiosas particulares, que «criminalizan y estigmatizan a las mujeres y niñas que quieren interrumpir el embarazo», incumpliendo así también los estándares establecidos por el dictamen constitucional.
El documento del Encuentro Nacional de Mujeres fue presentado a la Corte Constitucional en representación de más de 170 mujeres de 15 provincias del país. EFE
