La salida de Alexandra Vela del Ministerio de Gobierno era un hecho. La profundización de la crisis política entre el régimen de Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional, más la imparable ola delincuencial y criminal, rebasaron los esfuerzos de la ahora exsecretaria de Estado.
Su salida era exigida desde amplios sectores sociales y políticos. Ahora encontró un motivo para hacerlo y, de paso, confirmó la incertidumbre reinante en el Ejecutivo respecto de la muerte cruzada.
Dijo no estar de acuerdo con la negativa presidencial para dar paso a ese mecanismo constitucional, pero cuyos resultados son impredecibles, incluso para, hipotéticamente, poner fin al casi ya insensato bloqueo legislativo.
Guillermo Lasso vio la oportunidad para hacer una separación: uno será el Ministerio de Gobierno y Gestión de la Política; otro, el del Interior.
Hay sobradas razones para esa división. Un ministro de Gobierno no puede, al mismo tiempo de lidiar, negociar y buscar consensos, entre otros, con los sectores políticos, empresariales y gremiales, y estar al frente de la seguridad ciudadana cuyas debilidades se reflejan en la crisis carcelaria y en la ola delictiva, agravada por la presencia de los carteles internacionales de la droga.
Francisco Jiménez, exlegislador, se estrena como nuevo ministro de Gobierno. Le espera un complejo panorama, sobre todo en la Asamblea Nacional, donde los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo han sido devueltos, archivados, no tocados, o puestos en vigencia por imperio de la ley.
Jiménez, si Lasso finalmente se decide, deberá allanar el camino para la consulta popular a fin de esquivar a la Asamblea en el tratamiento de reformas profundas en materia económica y laboral.
Su designación ocurre justo cuando el gobernante advirtiera con prescindir de la Asamblea para analizar tales reformas, amén de sus denuncias contra varios legisladores sobre supuesta corrupción a cambio de votos.
Sin duda un estreno nada fácil si se quiere gobernar con transparencia y privilegiando el interés nacional.
