El Gobierno peruano respetará la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que pidió al Estado peruano abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), porque está sujeto como país a su mandato, declaró este jueves el ministro de Cultura, Alejandro Salas.
Al término de una reunión de Consejo de Ministros, Salas declaró a la prensa sobre el caso de Fujimori, después del pronunciamiento de la CorteIDH a solicitud de los familiares de las víctimas de las matanzas por las cuales fue condenado el exmandatario a 25 años de cárcel.
«Somos respetuosos de los principios constitucionales, de los principios de control de la convencionalidad», declaró el titular de Cultura.
Asimismo, Salas agregó que conocen que la independencia de poderes es importante y, por ese motivo, «lo que determinó el Tribunal Constitucional se respetó», pero también se va a «respetar lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos» porque Perú está sujeto a ello como país.
El Tribunal Constitucional (TC) de Perú admitió un habeas corpus que restituyó este mes el indulto humanitario otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kucyznski.
A raíz de ese fallo del TC, la defensa y familia de Fujimori, de 83 años, estaban a la expectativa de completar los trámites judiciales para obtener su excarcelación, pero la CorteIDH requirió al Estado peruano que se abstenga de liberarlo, hasta que resuelva las medidas provisionales solicitadas por los familiares de las víctimas.
Por otro lado, el partido fujimorista Fuerza Popular calificó como «un grave atentado» a la salud de su «líder histórico» y a la soberanía del Perú el requerimiento de la CorteIDH.
«Esto no solo significa un grave atentado a la frágil salud de nuestro líder histórico, sino también al Estado de Derecho y a nuestra soberanía nacional», sentenció en un comunicado la agrupación que lidera Keiko Fujimori, hija y heredera política del exmandatario.
Fuerza Popular acusó a la CorteIDH de haberse «saltado las reglas del debido proceso» con este requerimiento al Estado peruano para que temporalmente «se abstenga de ejecutar la orden» del TC de disponer la libertad de Fujimori.
A su vez, el abogado del exgobernante, César Nakazaki, aseguró que Fujimori está «muy preocupado» por este requerimiento e informó que el tribunal internacional ha aceptado su petición de participar en la audiencia convocada para este viernes en la condición de «amicus curiae» (amigo de la corte).
El letrado admitió que, de dictarse «medidas provisionales», el exmandatario ya no podrá salir de su cárcel por lo menos hasta el próximo 6 de abril, cuando la Corte decidirá el tema de fondo de la resolución del TC.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
La Corte Interamericana también condenó a Perú en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta, y ordenó al Estado castigar a los responsables. EFE
