Recién se conocieron las cifras oficiales de los heridos y fallecidos en elCentro de Rehabilitación Social Turi de Cuenca. El amotinamiento de la madrugada del domingo 3 de abril nos pone en sigilo, incertidumbre y miedo a los ciudadanos. Lo que sucede en los centros penitenciarios no es culpa del presidente Lasso, pero si es su responsabilidad mientras dure su gobierno.
La división de la cartera de gobierno en gestión política a cargo de Francisco Jiménez y de policía y seguridad en manos de Patricio Carillo, es acertada. Nos crea la expectativa de un mejor trabajo y resultados. Carrillo tiene experticia en el diseño de política pública de seguridad ciudadana, precisamente lo que requiere el país.
Como combinar un sistema que por un lado reconozca el artículo 35 de la Constitución de la República que determina que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria, y que ellas, conforme al artículo 51 tienen derechos específicos; y por otro lado un sistema judicial eficiente que permita alternativas en las sanciones penales y evite el hacinamiento en las cárceles. Las personas privadas de la libertad están condenadas a prisión por los múltiples delitos que han cometido en contra de la sociedad, sin embargo, tienen un derecho humano básico, el derecho a vida. (O)
