Los responsables de las distintas funciones del Estado, así como de los diferentes niveles de gobierno, hayan llegado ya sea a través de elección popular o designación, tienen por obligación cumplir con lo establecido en la legislación vigente con el propósito de garantizar mejores condiciones de vida a favor de los ciudadanos.
Pensar que, durante un desastre natural que deja víctimas mortales, así como importantes daños materiales, dichas autoridades públicas se conviertan en héroes o heroínas, simplemente por cumplir con las funciones para las cuales fueron designadas, es un error.
Si bien es cierto, en el siglo XXI, es cada vez más frecuente que los políticos aprovechen los canales de comunicación, así como las redes sociales con el propósito de mostrar su trabajo, y poner en evidencia frente a los ciudadanos que cumplen con su tarea, esto no debe desvirtuarse y pensar que se puede promocionar una figura pública a través de estas, valiéndose del dolor ajeno.
Sin duda, la mejor ayuda que se puede hacer frente a las víctimas de los desastres, es aquella que se hace de manera silenciosa, y con el propósito de atender y solucionar los problemas que el acontecimiento generó.
A nivel constitucional, se establece un sistema de gestión de riesgos el cual tiene por propósito proteger a los ciudadanos frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, a través de medidas de prevención, mitigación, recuperación y mejoramiento de las condiciones.
A nivel país, hace falta articular de mejor manera el sistema descentralizado en esta materia, así como apoyarse en los estudios científicos para entender las reales causas (naturales o antrópicas), de los últimos desastres, no hacerlo no solo es irresponsable, sino que deja mucho que desear de las autoridades públicas que están para velar por el bienestar de los ciudadanos. (O)
