Las entidades de control trasladaron a todas las mujeres privadas de la libertad de la cárcel de Turi hacia las instalaciones de la conocida como hostería Santa Bárbara, que actualmente es de propiedad del Estado y administrada por Inmobiliar, en el cantón Gualaceo. El traslado de 122 mujeres será por pocas horas, para recibir atención médica y psicológica por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Cruz Roja, así lo sostuvo Matías Abad, gobernador del Azuay.
Mientras tanto, al interior de la cárcel de Turi se continuará con el levantamiento de información sociodemográfica de las condiciones actuales de las personas privadas de la libertad. Además, se desplegará una limpieza de las celdas, pabellón por pabellón, y se evaluará la infraestructura, con la finalidad de garantizar las condiciones de habitabilidad, detalla un comunicado del Gobierno.
Estas acciones forman parte de un plan para poner orden en el centro penitenciario. Una vez concluido este proceso, las 122 mujeres retornarán a las instalaciones de la cárcel de Turi.
Al conocer de los traslados de personas privadas de la libertad hacia el referido inmueble de Gualaceo hubo reacciones de varios habitantes que pretendieron impedir la llegada de los buses que movilizaron a las internas. Ellos temen que la problemática de las cárceles se traslade hacia este cantón con los hechos de violencia e inseguridad.
Representantes de la Policía Nacional dialogaron con los moradores y aseguraron que el traslado es por pocas horas, para continuar con el traslado. Posteriormente se cumplió con el retorno de las internas a la cárcel de Turi.
Fallecidos
Entre tanto, ayer, en el Centro Forense de Cuenca se continuó con la entrega de cadáveres a los familiares, tras la masacre que ocurrió el pasado domingo en la cárcel de Turi.
La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, explicó que se han implementado algunas acciones desde el pasado fin semana mediante el Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social. Por ejemplo, se instaló en el Centro Forense un puesto de mando para el eje social que atiende a las familias de los privados de la libertad. Desde este espacio se coordinó los servicios de primeros auxilios psicológicos para más de 205 personas. Además, de 20 cuerpos, 15 ya han sido entregados a sus familiares.
En cuanto a las medidas implementadas para atender esta problemática a mediano y largo plazo, la ministra Ordóñez mencionó que se encuentra en marcha la política pública de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos, que trabaja para reducir el hacinamiento de los centros de privación de libertad mediante la emisión de indultos: “Con corte a la semana pasada se han procedido a generar 330 indultos a PPL en el contexto del Decreto Ejecutivo N.° 355. Así también se está trabajando en el componente de salud y educación para mejorar las condiciones al interior de los centros penitenciarios, lo que sin duda alguna contribuye a mejorar la seguridad y bajar los niveles de violencia”, señaló.
Por su parte, el secretario General de Comunicación, Eduardo Bonilla, informó que se desplegó la atención médica y psicológica a más de 120 mujeres privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad de Azuay N°1. Asimismo, se reiteró que la seguridad es la prioridad por lo que se trabaja en el fortalecimiento del SNAI con la reducción de hacinamiento de personas privadas de libertad (PPL), inclusión de más guías penitenciarios y la aplicación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos.
En ese sentido, el director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, reiteró que, al momento, el Centro de Privación de Libertad Azuay N°1 se encuentra bajo el control del Estado. Y destacó que las acciones coordinadas el domingo 3 de abril fueron: la evacuación de 130 personas privadas de libertad (PPL) que se encontraban en el fuego cruzado; y posteriormente la atención médica a cinco reclusos heridos por los actos de violencia.
Adicional a esto, el trabajo del SNAI, desde diciembre pasado, se enfoca en la ejecución el plan estratégico del sistema de rehabilitación, para reducir el hacinamiento carcelario a 0 % a cierre de este año. Estas cifras se pretenden alcanzar con el trabajo interinstitucional tanto con la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura para así conocer todos los datos de los PPL y el estado jurídico de cada uno de ellos.
Ramírez también agregó que ya está en marcha la convocatoria de postulación para la vigilancia penitenciaria, que espera la profesionalización e incorporación de 1.400 guías, con la consigna de que para el 2023 las cárceles cuenten con 3.000 agentes. Y también se invirtió cerca de 30 millones de dólares para centros carcelarios priorizados.
La crisis carcelaria persiste. El presidente Guillermo Lasso separó el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno. El secretario Bonilla indicó que esto permitió “una acción más rápida, inmediata e interinstitucional que permitió atenderla desde varias aristas”. En ello coincidió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y añadió que la situación carcelaria actual es producto de años de abandono y se trabaja en una solución.
Cabecillas de bandas delictivas
La noche del pasado lunes, se cumplió el traslado, desde el Centro de Privación de Libertad Azuay N.° 1 en Turi hacia el Centro de Privación de Libertad La Roca en Guayaquil, de cinco cabecillas de bandas delincuenciales involucrados directamente en los hechos irracionales de violencia de la madrugada del domingo 3 de abril.
El ministro del Interior, Patricio Carillo, informó los detalles de este operativo, al señalar que estas personas privadas de la libertad, que son líderes o brazos principales de organizaciones criminales, son movilizadas a este centro de máxima seguridad con las seguridades necesarias; y, a su llegada, serán inmediatamente ingresados. Con esta decisión se evitará la interacción entre estos cabecillas y las bases de las organizaciones que representan.
Al respecto el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, informó que estas reubicaciones se las realiza en función de los antecedentes y comportamientos de las personas privadas de su libertad (PPL), por amenazas o inminente peligro para la seguridad interna de los centros, así como para precautelar la vida de los demás internos. -(I)
DETALLES
Incidentes ocurrieron, la tarde de ayer, en los centros de privación de libertad de Esmeraldas, Latacunga y Machala. La Policía Nacional desplegó operativos para recuperar el orden.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo ratificó que el Estado no puede estar sometido a los privados de libertad y anunció acciones en el caso de nuevos amotinamientos.
«Todo aquél que genere actos de indisciplina y no se someta a las acciones disciplinarias del régimen en los centros penitenciarios será trasladado a la cárcel La Roca», afirmó Carrillo.
