La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó las «condenables expresiones de funcionarios y candidatos hacia periodistas y medios» en Colombia, destacando, entre otras, el señalamiento del candidato presidencial de izquierdas Gustavo Petro a la cadena RCN cuando llamó «neonazis» a sus periodistas.
En su informe provisional que saldrá de la reunión de medio año que comienza este martes, la SIP recordó que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó un total de 13 casos de estigmatización a medios durante la campaña electoral, de los cuales siete fueron por parte de funcionarios y seis de candidatos al Congreso y la Presidencia.
Entre ellos destacó el de Petro, que «utilizó en Twitter la expresión ‘Neonazis en RCN’, en alusión a una columna crítica hacia su propuesta en materia de pensiones» y que ya fue denunciada por la FLIP debido a la situación de riesgo en que podría poner a los periodistas de esta cadena con estas acusaciones.
La SIP también menciona al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien descalificó en sus redes la labor periodística del diario «El Colombiano» al publicar a finales de enero una portada falsa de ese periódico con un comentario irónico sin aclarar que lo publicado no era verdad.
ATENTADOS CONTRA LA PRENSA
Este informe, que está pendiente de aprobación por la SIP, también señala que «las amenazas y los ataques siguen siendo un factor de alarma para el ejercicio de la libertad de prensa» y recuerda que el 3 de abril un vehículo fúnebre persiguió durante varios kilómetros en Bogotá a la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, en un «acto de intimidación».
También recoge el ataque con coche bomba en el pueblo de Saravena, en Arauca (frontera con Venezuela) del pasado 19 de enero en el que disidencias de las FARC atentaron contra un edificio donde tenían sede varias organizaciones sociales, incluidas las instalaciones del medio digital e impreso «Trochando Sin Fronteras» y de la emisora comunitaria Sarare Stereo.
En esta zona, al menos siete periodistas han denunciado amenazas por parte de las disidencias de las FARC y del ELN, que están enfrentados en una lucha territorial que ha dejado decenas de muertos y desplazados en esta parte del país, «con las que buscaban presionarlos para que publicaran información afín a sus intereses».
ACOSO JUDICIAL
La SIP también recuerda que el acoso judicial es «una práctica cada vez más frecuente» y aseguró que se han producido cuatro casos en lo que va de año.
Se trata de la denuncia del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, contra las periodistas Claudia Báez y Diana Salinas, del medio digital Cuestión Pública, por revelaciones que lo comprometen, y otra contra el periodista Carlos Cortés por parte del abogado Abelardo de la Espriella por un tuit en su contra en el que afirma que el letrado «promueve y amplifica la desinformación en Colombia».
El tercer caso fue la citación a una audiencia de conciliación al periodista Gabriel Angarita, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, por la denuncia de un empresario, y el cuarto caso es el del periodista Juan Pablo Barrientos, autor de un libro en el que denuncia numerosos casos de abusos sexuales por parte de sacerdotes a menores de edad.
«A finales del año pasado, en tan solo un mes, Barrientos debió atender siete procesos de tutela que pretendían violar la reserva de la fuente y censurar la publicación de su libro. Estos procesos fueron promovidos por distintos sacerdotes del (departamento del) Meta», recordó la SIP.
La organización de libertad de prensa también alerta sobre algunos proyectos de ley o normas que pueden mermar las libertades de los medios en caso de ser aprobados o aumentar abusos judiciales contra periodistas y hace un último énfasis en la persecución de crímenes contra periodistas.
«Causa preocupación que están próximos a prescribir más casos de periodistas asesinados, los cuales se suman a los 92 que llegaron a esa fase en 2021», apunta la SIP. EFE
