Como “abuso del derecho”, califican la actuación de Guadalupe Llori, quien ha solicitado medidas cautelares, una acción de protección y ha presentado una denuncia en contra de todas las acciones encaminadas a su remoción del cargo de presidenta de la Asamblea Nacional.
Si en el actual proceso el juez acepta la acción de protección en contra Consejo de Administración Legislativa (CAL) por haber admitido a trámite la denuncia de Esteban Torres (PSC) en contra de Llori, esta instancia también quedaría impedida de tratar el tema, como ya sucedió con las medidas cautelares que bloquearon la creación de la comisión para investigarla en el pleno de la Asamblea.
Sobre la última demanda impuesta en contra de los cinco miembros del CAL, que aceptaron la denuncia contra Llori, Santiago Salazar, procurador de la Asamblea, dijo que se la hizo porque se habría vulnerado los derechos constitucionales de la presidenta; pues se procesó una denuncia con errores en el segundo apellido del asambleísta Torres, lo cual, la anulaba.
Aun cuando no se le otorgue la acción de protección, Esteban Torres aceptó que Llori los tiene atados de manos, pues el tratamiento de la demanda en su contra depende exclusivamente de la presidenta, quien debe colocarla en el orden del día, pero se niega a hacerlo.
Además, la inclusión de la demanda en contra de Llori en el orden del día solo se podría realizar en una sesión nueva, pero desde hace tres semanas ella solo ha hecho convocatorias para continuar plenos inconclusos, en los que no se pueden incluir nuevos temas.
Opciones que quedan
Ante la serie de bloqueos legales que ha colocado Llori, los legisladores buscan opciones para removerla del cargo. Para Torres, la única alternativa es la autoconvocatoria, para lo cual se reúnen las 91 firmas necesarias.
Por su parte, Johana Moreira (ID) dijo que la opción que ellos plantean, si se llegan a aceptar las medidas cautelares, es la colocación de una nueva denuncia, diferente a la que puso Torres, pues en un nuevo proceso no se aplicaría las acciones a favor de Llori.
“Es hora de dar una posición frontal frente a la presidenta. No podemos seguir esperando a que por vergüenza dé un paso al costado, permitiendo que, pese a que no tiene respaldo y dirige las sesiones como le da la gana, siga manteniendo su puesto y sigamos cruzados de brazos. Hay que aprobar un proyecto de resolución con la votación de la mayoría, hacerlo incluso con las consecuencias jurídicas que esto puede tener”, dijo Moreira.
Pero desde la bancada oficialista, Juan Fernando Flores (CREO) advierte que no apoyarán ninguna acción inconstitucional o ilegal con la que se pretenda destituir a Llori.
En su lugar, proponen una reunión de los jefes de bloque para definir una salida democrática a este período de inestabilidad, del cual, también responsabilizó a los correístas y a Pachakutik.
La opción: la destitución
Para el coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi, la posición en la que Guadalupe Llori ha colocado a los legisladores que se oponen a su mandato es “compleja”.
Solo admite soluciones igual de extremas, entre las que incluye la revocatoria del mandato, la autoconvocatoria, y la más factible de cumplir: la destitución.
Pero esta última no solo la dejará fuera de la presidencia, sino que incluso la sacaría de su curul y podría ser procesada penalmente, pues la denuncia del asambleísta Bruno Segovia (ex Pachakutik) la señala por tramitación de cargos públicos, lo cual, es un delito.
La complicación radica en que incluso para que Llori sea procesada en el Comité de Ética, por el delito que le imputa Segovia, se necesita que ella y el CAL acepten el trámite, y lo más seguro es que se niegue a hacerlo y vuelva a acudir a la justicia para frenar el tratamiento, alegando nuevas vulneraciones a sus derechos. (ASM)-(I)
