A la inseguridad ciudadana como consecuencia del auge delictivo, a la corrupción sin freno, se suma la jurídica. El resultado: un país atemorizado, arrinconado, ajeno para cierta vieja clase política y donde ya nada pareciera importar, ni siquiera la dignidad.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, esta vez a título personal, hace pública su preocupación ante “distintos hechos relacionados con decisiones jurisdiccionales suscitadas en los últimos días”.
No lo hace por primera vez. Tampoco cita casos concretos, pero a la luz de los hechos no es difícil advertirlos. Uno de ellos, por ejemplo, la puesta en libertad a un sentenciado a 6 y a 8 años de cárcel por asociarse para delinquir y por corrupción. Su nombre lo conoce todo el país y hasta elucubra sobre el porqué se permitió semejante afrenta a la Justicia.
A la par, se ha planteado la revisión de la sentencia en firme en contra un involucrado en el caso Sobornos. Los demás, se intuye, esperan la resolución del tribunal para proceder de igual forma.
Entonces, la preocupación de la fiscal general tiene su razón de ser. Lamentablemente, en el país la Justicia ha sido usada para las vendettas y los pactos políticos de trastienda.
Nadie sabe el final de la lucha por hacerse de la presidencia de la Asamblea Nacional y de las Comisiones Legislativas; pero, como se ha dicho, el interés es tomare el mando del Consejo de Participación Ciudadana. Lo demás vendría por añadidura, si es posible hasta echar del cargo a la fiscal general.
Los ecuatorianos, como lo dice Diana Salazar, “no podemos convertirnos en un país en el cual las mafias, los intereses protervos, las componendas y la corrupción se impongan sobre el Estado de Derecho”.
Convoca a todos a exigir al sistema judicial a trabajar con “transparencia, celeridad y contundencia en contra de la criminalidad en todas sus formas”.
Ojalá en el Ecuador decente y digno, el llamado de atención de la fiscal general no caiga en saco roto.
