No es sorpresa mayor en este país donde todo pasa, ni se diga en materia de seguridad ciudadana.
La Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, formada por el gobierno ante la crisis carcelaria, emite su informe al cumplir su primer trimestre de labor.
El 10 % de los funcionarios de las cárceles trabaja para las bandas delictivas.
Tras las masacres la Policía Nacional “descubre” armas de todo calibre. Comenzando desde armas blancas hasta fusiles y granadas, ni se diga la droga.
¿Cómo las introducen? ¿Quiénes lo permiten? Estás preguntas nunca tienen respuestas satisfactorias. Todo se queda a merced de “investigaciones” cuyos resultados nunca se saben.
Según concluye la Comisión, en las cárceles operarían redes de corrupción integradas por funcionarios, militares, policías y hasta miembros del Sistema Nacional a Privados de Libertad (SNAI). Recibirían pagos mensuales de las bandas delictivas, bajo cuyo control están los eufemísticamente llamados centros de rehabilitación social.
Además, impera la “cultura de la supervivencia”, traducida en venta de favores, extorsión, protección ofrecida por reclusos con poder.
No hay nombres para hacer las acusaciones particulares, pero los comisionados no tienen la menor duda de sus conclusiones.
“Por un lado, (las cárceles) son centros de castigos; y, por otro, son escuelas de tácticas delincuenciales”. Esta frase dicha por la presidente de la Comisión, Nelsa Curbelo, resume el drama carcelario.
El informe también destaca la mala alimentación de los presidiarios. Están enfermos, hacinados. Hay una población penitenciaria con predominio de jóvenes, los más provienen de hogares pobres; otros han cumplido el 60 % de la pena, pero no pueden acceder a su prelibertad.
En la cárcel de Guayaquil, según Curbelo, las presidiarias sin familia serían vendidas por los caporales. Los adultos mayores cumplen sus penas en condiciones inhumanas.
¿Y ahora? Resta esperar la reacción del gobierno, ya alertado por la CIDH.
Urgen cambios radicales a esta crisis carcelaria estructural.
