La función pública debe ser referente no solo de conocimientos, agilidad, constante superación, sino de transparencia a toda prueba.
Quien desempeña tales funciones no solo representa a una institución, sino al Estado en su conjunto en tanto en cuanto brinda servicios a sus ciudadanos.
Cada entidad tiene sus propias responsabilidades, devenidas de la Constitución y demás leyes y normas, entre estas últimas, por ejemplo, las ordenanzas municipales.
servidor público cobra un sueldo de ese Estado. Se debe y responde ante él. No le está permitido actuar ni proceder más allá de lo no establecido, ni mucho menos actuar con dolo, así sea para hacer un “chico favor”, peor para enriquecerse de forma ilícita.
Lamentablemente eso no se cumple en el país. Hay excepciones, por su puesto.
¿Cómo explicar el otorgamiento de 110 mil matrículas de vehículos, de manera fraudulenta en 147 municipios y Mancomunidades de Tránsito?
Las denuncias, tras las investigaciones de rigor, las hace la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). De aquel total, 1.700 procesos se fraguaron para beneficiar a vehículos registrados en la Policía Nacional como robados.
Esos dolosos documentos se generaron en la base única nacional. Las irregularidades detectadas se relacionan con el pago de las tasas e impuestos generados por la ANT y el SRI, habiendo causado perjuicios al Estado por 50 millones de dólares.
El cometimiento de esos ilícitos no habría sido posible sin la concurrencia de corruptos y corruptores. Esto alienta el robo de vehículos; pues muchos ciudadanos son víctimas de este engaño.
Los alcaldes de los municipios comprometidos en el dolo denunciado tienen la obligación moral de no guardar silencio, comenzando por pedir a la Fiscalía el inicio de las investigaciones a sus funcionarios encargados de conceder las matrículas, incluso en cantidades inusuales respecto del parque automotor existente en sus respectivas jurisdicciones.
Esta trama no debe quedar impune, como casi siempre ocurre en la administración pública.
