A pocas horas de capturarse una narcoavioneta en la comuna Tugaduaja, provincia de Santa Elena, un coche bomba explotó frente a la cárcel regional Guayas, localizada junto a la Penitenciaría del Litoral y La Roca.
Estos dos hechos, ocurridos entre el sábado y el domingo últimos, si bien podrían no tener relación entre sí, confirman el grado de violencia existente en ciertas provincias de Ecuador y de cómo el narcotráfico ha penetrado en lo más profundo de la sociedad.
Días antes la Policía detectó cinco cajas con explosivos en el lugar donde se efectuaría la audiencia de habeas corpus del segundo líder de la banda delictiva Los Choneros.
En la avioneta abandonada en una pista clandestina se encontraron 222 paquetes de cocaína, municiones, armas, dinero en efectivo y dispositivos satelitales.
La existencia de pistas clandestinas no es nada nuevo en el país, cuyo territorio, la Costa sobre todo, es usado por bandas narcodelictivas predominantes en México para sacar la droga con rumbo a Estados Unidos y Europa.
Hasta tanto, el radar colocado en Manabí funcionó pocos días; está averiado, y nadie sabe si será reinstalado para atisbar las actividades aéreas de los narcos.
Aquello no deja ser sintomático, justo cuando crece esa actividad ilícita y el gobierno se empeña por dotar de tecnología moderna a la Policía y Fuerzas Armadas para combatirla.
La denotación del coche bomba sería otro mensaje de la delincuencia organizada cuyo objetivo es no perder el control de las cárceles, peor aceptar el traslado de sus “líderes” a La Roca.
Llegar a tales extremos, ya casi de barbarie, sin importar daños materiales ni afectaciones a personas inocentes, es retarle al Estado. Algo inadmisible.
Ecuador no será un Estado sitiado por las bandas del narcotráfico ha dicho el presidente Guillermo Lasso, tras reunirse con los titulares de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura.
Las acciones contundentes del gobierno y la aplicación correcta de la Justicia permitirán a la ciudadanía vislumbrar un panorama más tranquilizador.
