Tras los destrozos causados por aluviones de magnitud en varios sectores de las provincias del Azuay y Cañar vine ahora la reconstrucción, sin descuidar la parte humana, pues hay varias familias damnificadas.
La visita, el sábado anterior, del presidente Guillermo Lasso y varios ministros de Estado, ha llenado de expectativa, no solo a los directamente afectados sino a las autoridades locales, bajo cuya responsabilidad está la reconstrucción.
En todos los casos es necesaria una evaluación técnica, económica y ambiental de los daños en vías, puentes, márgenes de los ríos, sistemas de agua potable, viviendas, y otras infraestructuras públicas.
Los exiguos presupuestos de Municipios, Juntas Parroquiales, aun de los Consejos Provinciales, serán insuficientes para ejecutar los trabajos requeridos.
El gobierno tampoco podrá destinar recursos económicos de manera discrecional si no hay, de por medio, la debida planificación en base, repetimos, a estudios bien hechos y bien presupuestados. He aquí la responsabilidad de aquellas instituciones.
Los daños en la red vial estatal correrán a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Las demás, y son la mayoría, a las entidades seccionales ya referidas.
Tarea relevante será la aplicación de ordenanzas municipales para proteger las márgenes de ríos y quebradas. Y crearlas en aquellos territorios donde no las hay.
Las duras y tristes lecciones dejadas por los aluviones deben causar escarmiento. La politiquera posición “de dejar hacer, dejar pasar”, tarde o temprano pasa factura.
Se permite construir viviendas, restaurantes, canchones para criaderos de pollos, de porquerizas, de “piscinas” para criar tilapias con hostales a lado, lagunas de oxigenación en las riberas de los afluentes y hasta “comiéndose” parte de sus lechos.
El gobierno debe destinar los recursos ofrecidos. Las autoridades locales y el vecindario tomen nota, insistimos, del “tirón de orejas” dado por la naturaleza.
