El primer período del régimen de excepción decretado en El Salvador tras una escalda de homicidios a finales de marzo concluye este miércoles, pero la medida continuará por 30 días más con la extensión aprobada por el Congreso y sin que se conozca hasta el momento un plan gubernamental para dar una solución concreta al fenómeno de las maras más allá de la cárcel.
Este 27 de abril vence la vigencia del primer decreto legislativo y a la medianoche comienzan los efectos de la extensión del régimen, que mantendrá suspendidos derechos constitucionales por un treintena de días más y que fue aprobada el domingo pasado sin estudio parlamentario.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, ha otorgado al Gobierno del presidente Nayib Bukele poderes especiales para su llamada «guerra contra las pandillas» y la principal apuesta del Gobierno en los primeros 30 días de régimen de excepción ha sido la detención masiva de supuestos pandilleros y colaboradores.
La solicitud de ampliación enviada por el Ejecutivo al Congreso deja entrever que esta será nuevamente la apuesta.
La Constitución de El Salvador señala que para ampliar un régimen de excepción es necesario que se mantengan las mismas circunstancias que lo originaron, en este caso la ola de asesinatos.
La medida extraordinaria se aprobó el 27 de marzo a raíz de la escalada de violencia que se cobró la vida de 87 persona en tres días y colocó el día 26 como el más sangriento de la historia reciente salvadoreña con 62 víctimas.
Sin embargo, el Gobierno admitió que dicha escalada fue controlada, pero que la cantidad de pandilleros en libertad podría poner en peligro «los avances alcanzados».
Los primeros 30 días de dicho régimen también han estado marcados por las denuncias en redes sociales de detenciones arbitrarias y de llamados de organismos nacionales e internacionales a atender supuestos abusos cometidos durante este periodo.
Los efectos de la ampliación del régimen de excepción comenzarán a las 00.00 hora local del jueves (06.00 GMT).
La medida de régimen de excepción contempla lo suspensión de los derechos a la libre asociación y reunión, a la defensa y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días. También se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
LA CIFRA DE CAPTURADOS SUPERA LOS 19.000
La cifra de detenidos en El Salvador durante el régimen de excepción supera las 19.000 entre finales de marzo y este miércoles.
De acuerdo con Bukele, se han detenido a más de 19.000 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas bandas y suman tres días consecutivos con más de 1.000 detenciones.
Ni el mandatario, ni las autoridades de Seguridad han detallado cuántas de las personas detenidas son miembros de pandillas, a qué pandilla pertenecen y cuántas son señaladas de tener vínculos con dichas estructuras.
Las detenciones masivas ha sido la principal apuesta del Ejecutivo de Bukele durante el régimen de excepción, pero hasta el momento se desconoce si el Gobierno trabaja en un plan que plantee medidas para una solución de fondo a dicho fenómeno.
El Ejecutivo de Bukele lanzó en 2019 el Plan Control Territorial (PCT) para cortar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por dichas bandas, en su mayoría barrios y colonias populosas.
Sin embargo, la población en general desconoce un documento oficial que detalle el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, tienen más de 70.000 miembros y han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
MÁS DE 1.600 MENORES DETENIDOS
De acuerdo con un informe de detenciones al que tuvo acceso el periódico local La Prensa Gráfica y que fue validado, según el medio, por defensores de derechos humanos, al menos 1.620 menores de edad, entre los 12 y los 17 años, fueron capturados entre el 27 de marzo y el 20 de abril del año en curso.
Lo anterior implica, según una publicación del periódico, que en promedio las autoridades han detenido a 65 jóvenes cada día a nivel nacional y que todos ellos tienen asegurada su permanencia en detención provisional mientras se resuelve su situación jurídica.
Estos jóvenes y adolescentes enfrentarán un proceso penal como adultos, no tienen derecho a la defensa, no pueden gozar de medidas alternativas a la detención y permanecerán encarcelados todo el tiempo que dure la causa en su contra.
Según el informe, del total de menores detenidos hay 1.367 de sexo masculino y 253 de sexo femenino, lo que representa que aproximadamente 8 de cada 10 capturados son hombres jóvenes.
La mayor cantidad de detenidos se concentra en el departamento de San Salvador con un total de 1.121 capturados, seguidos por San Miguel (oriente) y Santa Ana (occidente) con 201 y 155, respectivamente, apunta la nota. EFE
