Hasta el lunes 2 de mayo de 2022, están habilitadas 264 organizaciones políticas para participar en las elecciones seccionales del 2023, pero 139 están en proceso de aprobación, por lo que el número podría sobrepasar los 400 partidos y movimientos, según datos proporcionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De estas organizaciones, 6 son partidos políticos, 10 son movimientos nacionales y las restantes son movimientos seccionales: 61 provinciales, 167 cantonales y 20 parroquiales.
Según Alfredo Espinosa, experto en temas electorales, esta dispersión es producto del control ineficiente del CNE al momento de calificar a los movimientos y de las falencias del Código de la Democracia, “herencia del correísmo”, que “abrió la llave a los partidos locales con la intención de que muchos se peleen pocos espacios, beneficiando a los partidos predominantes”.
“El Código de la Democracia estimula una visión distorsionada de la participación política, que permite crear movimientos mediante la recolección de firmas, pero estas reglas de juego son susceptibles de ser permeadas por aspectos fraudulentos, como el mercado negro de firmas, pues el CNE no tiene mecanismos técnicos de revisión, lo que hace es un mero chequeo de las firmas”, explicó Espinosa.
Para cambiar esta realidad, el grupo ciudadano Voces por la Democracia presentó una propuesta de consulta popular en la que se incluye una pregunta que busca reformar el sistema de partidos políticos, que incluya elecciones primarias abiertas, paridad de género, representación intercultural e intergeneracional, participación y control ciudadano.
Con estas nuevas reglas, se deberá realizar lo que, según Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), es clave para evitar esta proliferación de organizaciones políticas: reinscribir a todos los partidos y movimientos, para lo cual es vital que se emplee un proceso técnico de revisión de requisitos.
Pero el evitar la existencia masiva de movimientos ni siquiera requiere de reformas legales, sino solo de la voluntad del CNE, pues como lo explicó en su momento el exvocal Luis Verdesoto, con la implementación de consultas en línea sobre afiliación política y con la publicación de un padrón de afiliados.
Con esto, los ciudadanos podrían conocer, sin ningún trámite como el que se realiza ahora, si les adhirieron contra su voluntad e inmediatamente desafiliarse, lo cual dejaría sin base a varias organizaciones políticas que compran talonarios de firmas que se vende a varios partidos y movimientos y que pasan el filtro del CNE, porque la verificación no la realizan expertos.
Gran número de candidatos
Según una proyección del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para las elecciones del 5 de febrero del 2023, se espera la participación de más de 90 mil candidatos a escala nacional, quienes se postularán para prefectos, alcaldes, concejales, jefes de juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).
Para Carlos Aguinaga, esto seguramente desencadenará en lo que ya sucedió en el 2019 en ciudades como Quito y Cuenca, donde el alcalde fue electo con poco más de 20% de los votos, es decir, la gran cantidad candidatos disperso la votación, dando como resultado: autoridades sin representatividad, pues la mayoría de la población no estuvo de acuerdo con su elección.
Según Alfredo Espinosa, lo más grave de esta dispersión es la conformación de los consejos municipales, que seguramente serán una réplica de la Asamblea, donde existe un exceso de tendencias políticas que dificultarán la labor del alcalde y la implementación de su plan de trabajo.
