Los ecuatorianos decentes miran con asombro e indignación la “proeza” económica de Carlos Pólit, excontralor general del Estado, para pagar una fianza carcelaria de 14 millones de dólares a fin de acogerse al arresto domiciliario, llevando en su tobillo un dispositivo GPS.
El contralor “estrella” durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, es investigado por la justicia de los Estados Unidos por haber utilizado su sistema financiero para lavar dinero, producto de sobornos, como los entregados por la empresa brasileña Odebrecht.
En Ecuador, relacionado con ese caso, fue sentenciado a seis años de cárcel como autor del delito de concusión; y su hijo, a tres, en calidad de cómplice. No los cumplió. Huyó a Estados Unidos para ponerse a buen recaudo.
El contralor, también llamado juez de cuentas, es quien vela por el correcto uso de los recursos públicos.
Si bien su designación siempre tiene carácter político, así sea por medio de amañados concursos, debe tener la personalidad suficiente para no dejarse sobornar, cumplir y hacer cumplir la ley, emitir glosas, así tengan responsabilidad penal y los sancionados sean amigos, poderosos, o quienes le designaron.
Durante la gestión de Pólit y de su sucesor, también procesado, según informes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, a cambio de sobornos -y de no poca cuantía-, se desvanecían glosas, se cambiaban informes con responsabilidad civil, ni se diga penal; se emitían informes favorables para permitir contratos chuecos pero millonarios, o a destiempo para impedir su ejecución.
Con retraso y en medio de una velada lucha por tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, esta institución lleva adelante el concurso para designar al nuevo contralor. ¿Lo permitirán?
El Ecuador honrado está atento al desenlace del juicio a Pólit en Estados Unidos con cuya justicia se ha comprometido a colaborar.
Atento, sí, para saber todo cuanto revele, mientras quienes le nombraron y le calificaban con un 10/10 guardan silencio.
