El gobierno sorprendió al país con el cambio inesperado de las cúpulas militar y policial.
Los relevos se dieron a nivel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Terrestre y la Fuerza Aérea. Quedó en firme únicamente quien dirige la Fuerza Naval. Tres cambios en apenas once meses de gobierno. En solo cuatro, el presidente Guillermo Lasso nombra al tercer comandante general de la Policía Nacional.
Está en su legítimo derecho de hacerlo, si bien serían señal de inestabilidad, aun tratándose de dos instituciones cuyos integrantes son obedientes, no deliberantes.
Tales decisiones, de alguna manera deben ubicarse en el contexto de la inseguridad ciudadana, si bien focalizada al máximo en Guayas, Manabí y Esmeraldas.
En estas tres provincias rige el estado de excepción decretado por el presidente Lasso para enfrentar la ola criminal desatada por bandas delictivas bien organizadas, autofinanciadas, a lo mejor administrando ya sus propios narconegocios y redes de sicarios.
Sin embargo, siguen los asesinatos, de día o de noche, en cualquier sector de ciudades como Guayaquil, Durán, Esmeraldas, y otras.
No es alarmar, pero el miedo se va apoderando de la sociedad. Esto, a la hora de enfrentar al crimen organizado puede ser un factor contraproducente.
Sobreviene el silencio, el autoencierro, la desconfianza a la autoridad y a las fuerzas del orden, peor la entereza para denunciar, mucho más sabiendo lo permeable de la Justicia y hasta cierta complicidad de algunos jueces y fiscales.
Preocupa, por ejemplo, el miedo expresado por los padres familia en Guayaquil cuyos hijos comenzaron un nuevo ciclo escolar.
Las bandas criminales quieren poner al Estado contra la espada y la pared. Si los cambios en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen como fin repotenciar y rediseñar las estrategias para enfrentarlas, la decisión del gobierno es buena. Los resultados hablarán por sí solos.
