La cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el centro norte de Ecuador, aún no se recupera del baño de sangre que vivió en la madrugada del lunes, cuando 44 presos fueron masacrados y asesinados en un enfrentamiento entre bandas rivales, mientras que otros 20 siguen fugados.
Hasta el mediodía de este martes, apenas se habían podido identificar 21 de los 44 cadáveres que dejó esta matanza, la última de una serie de sanguinarios motines que se han cobrado la vida de más de 400 reclusos desde 2020, 63 de ellos solo en este 2022.
Desde primera hora de la mañana, los familiares de las víctimas se agolpaban en la puerta de la morgue de Santo Domingo para tratar de reconocer los restos de sus parientes, en medio de duras escenas de llantos y dolor, según pudo presenciar Efe.
Mientras, las fuerzas de seguridad lograron recapturar este martes a otros 38 presos que se habían escapado durante el amotinamiento, con lo que son ya son 200 reclusos atrapados de los 220 que se fugaron, pero aún 20 permanecen en paradero desconocido.
Esta última masacre ha abierto en el país una profunda polémica sobre las causas que desencadenaron la extrema violencia dentro de esta cárcel, ubicada unos 150 kilómetros al oeste de Quito.
POLÉMICOS TRASLADOS
Todo apunta a que, como ya avanzó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, la matanza de Santo Domingo está íntimamente ligada con la anterior masacre —sucedida el 3 de abril en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca—, donde en un enfrentamiento similar fallecieron 20 reos, mientras que al menos otros 10 resultaron heridos.
En ambos episodios, las autoridades aseguran que están detrás las mismas organizaciones criminales que rivalizan entre sí, autodenominadas Los Lobos y R7.
Si bien Carrillo atribuyó la masacre de Santo Domingo a la llegada a esta prisión de Freddy Anchundia, uno de los presuntos líderes de los R7 que las autoridades señalan como causante de la matanza de Cuenca, fueron muchos más los presos que fueron trasladados de Cuenca a Santo Domingo tras la masacre del 3 de abril.
El director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a personas privadas de libertad, Pablo Ramírez, reconoció en declaraciones al canal Teleamazonas que fueron 124 los presos trasladados desde la cárcel de Cuenca a la de Santo Domingo en abril.
Estos traslados se dieron en cumplimientos de habeas corpus otorgados por la Justicia ecuatoriana, a petición de los mismos presos, pese a la oposición del SNAI, el organismo encargado de administrar y custodiar las cárceles ecuatorianas.
Esto agravó el hacinamiento de la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, una prisión con capacidad para 916 reos, pero que a finales de abril sobrepasaba los 1.600, lo que supone una sobrepoblación del 76 %, según los datos del SNAI.
CUENCA NO QUIERE MÁS PRESOS
Mientras, en Cuenca, ante los rumores de un posible nuevo amotinamiento, la seguridad de la cárcel fue reforzada con un destacamento de policías y militares, así como con ambulancias en los exteriores.
Al mismo tiempo, el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, se opuso firmemente a la llegada de más presos al centro penitenciario que se encuentra a las afueras de su ciudad.
«Cuenca se respeta. Vamos a realizar todas las acciones necesarias para que la paz, la seguridad y la libertad de las familias cuencanas se precautelen», afirmó en una declaración donde convocó a una asamblea ciudadana para la tarde del martes para reclamar «no más engaños ni falsas promesas».
«El último amotinamiento del 3 de abril demuestra que no cuenta con las condiciones para albergar más personas privadas de la libertad ni de garantizar las condiciones de seguridad mínimas para proteger a las zonas aledañas y por supuesto a nuestra ciudad», sostuvo Palacios.
BACHELET RESPONSABILIZA AL ESTADO
Esta situación no ha pasado inadvertida para la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien este martes apuntó al Estado como responsable de las muertes por ser personas bajo su custodia y exigió investigar los hechos y reformar el sistema de Justicia y el penitenciario.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que instaba al Gobierno ecuatoriano a recuperar el control de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.
De acuerdo con el director del SNAI, actualmente hay 33.000 presos en los 36 centros que tiene Ecuador, cuya capacidad total es para poco más de 30.000.
Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno de Ecuador busca contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores e implementar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria. EFE
