Un verdadero pandemónium se vive en las cárceles de Ecuador, alimentado hasta con decisiones judiciales –cosa de no creer- facilitadoras, de alguna manera, del caos, de la inseguridad y de las masacres entre reclusos.
Anteayer destacamos una iniciativa encaminada a promocionar y exhibir los productos artesanales y literarios elaborados por los presidiarios.
Pero en la madrugada de este lunes el país se despertó con la noticia de otra masacre, esta vez en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. El saldo: 42 reclusos asesinados, los más con arma blanca.
¿Se vive ya una barbarie en las cárceles? A pretexto de luchas entre bandas criminales, disputándose el control de esos “centros del terror”, del negocio de la droga, de venganzas entre sí, Ecuador en materia carcelaria es una vergüenza ante el mundo.
Tras la masacre ocurrida en la cárcel de Turi, los cabecillas de las bandas más cruentas fueron trasladados a la temida cárcel La Roca, en Guayaquil.
Según el director del SNAI, a raíz de ese episodio, 124 reclusos de la de Turi fueron llevados a la de Santo Domingo pese al hacinamiento.
Se alertó sobre el motín. Igual, sobre la fragmentación de una de las bandas. Esto, en el mundo del hampa se paga con la muerte. Acaba de ocurrir. Nadie tomó precauciones.
A uno de los cabecillas de esa banda no le gustó estar en La Roca. Presentó un recurso de acción de protección. El juez se la dio. Escogió la cárcel de su conveniencia: la de Santo Domingo. Los resultados hablan por sí solos.
Explicaciones, quejas por el abuso de la prisión preventiva, reclamos al gobierno, a la administración de Justicia, a la Corte Constitucional, abundan tras cada masacre; ni se diga las promesas para investigar.
El gobierno lanzó una política pública para la rehabilitación social de prisioneros, elaborada con apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y?
Seguimos contando los muertos. Y mientras no pruebe lo contrario, el responsable es el Estado.
