El expediente del pedido de extradición contra el expresidente de Ecuador Rafael Correa ronda las 3.000 hojas, y el perito encargado de traducirlo al francés antes de remitirlo a Bélgica ha solicitado una prórroga de 15 días más para poder completar el trabajo.
Así lo informó este martes en una conferencia de prensa el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien ha sido el encargado de firmar la solicitud de extradición contra el exmandatario, condenado en 2020 a ocho años de cárcel por cochecho, algo que Correa siempre ha atribuido a una persecución política.
«Están traduciendo al francés algo cercano a 3.000 hojas. En cuanto se tenga esa traducción, se remite el expediente. Nosotros hacemos nuestro trabajo con sustento jurídico», sostuvo Saquicela, que siempre ha defendido la independencia de la Justicia ecuatoriana y ha negado que se trate de una venganza política.
«Se trata de documentos jurídicos, que contienen lenguaje jurídico, y por lo tanto el trabajo tiene que ser bien hecho. Esa es nuestra responsabilidad como Corte»
Preguntado por las pocas posibilidades de que Bélgica acepte el pedido tras haberle concedido a Correa el asilo político con estatus de refugiado, Saquicela manifestó que esta circunstancia no frena el trabajo de la Justicia ecuatoriana porque su propósito es cumplir con realizar el pedido.
Una vez traducido, el expediente debe ser remitido por la Corte Nacional de Justicia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, para que este lo haga llegar a las autoridades belgas.
La nueva solicitud de extradición cursada por la Justicia ecuatoriana contra Correa fue anunciada por Saquicela el pasado 22 de abril, el mismo día que se supo que Bélgica le había dado la condición de refugiado.
Según afirmó el pasado viernes a Efe el abogado de Correa, Christophe Marchand, el Ministerio de Justicia de Bélgica ha confirmado ahora “no solo que no dará seguimiento a la solicitud de extradición” de Ecuador, sino que «también se negará a cooperar con la Justicia ecuatoriana en el marco de procesos políticos”.
Correa fue condenado por el caso «Sobornos 2012-2016», una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.
La sentencia también incluye para Correa una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular, lo que le impidió ser candidato en las últimas elecciones de 2021.
En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, entre ellas ex altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus, y debe presentarse periódicamente ante la justicia, mientras otros cumplen prisión y algunos se fugaron.
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside tras el fin de su mandato en Bélgica, de donde es oriunda su esposa, Anne Malherbe.
El pasado 27 de abril, Correa explicó en una entrevista con Efe en Bruselas que la solicitud de asilo en Bélgica se había puesto en marcha en 2018 tras iniciarse ese año en Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado «caso Balda», de modo que el proceso había durado años antes de resolverse finalmente ese mes.
Correa dijo tener «muy claro» que, «para que acabe esta persecución brutal y la destrucción» de su patria, necesita «ganar las elecciones, y si por eso -dijo- tengo que regresar, ahí estaré”, concluyó.
En cualquier caso, reconoció que dada su situación política actual, no podría volver a Ecuador sin ser encarcelado. EFE
