A pocos días de cumplirse el primer año del gobierno del presidente Guillermo Lasso surgen evaluaciones, que engloban también a los otros poderes del Estado: el legislativo y la administración de justicia.
La administración de justicia y la función legislativa tienen en términos generales una evaluación negativa por parte de la ciudadanía. La Asamblea es un desastre total y la enorme mayoría de ciudadanía la rechaza. Las pugnas internas sobrepasaron hace tiempos los límites tolerables. Hoy mismo, la mayoría de Asamblea se encuentra enfrascada en una lucha sin cuartel contra la Presidenta Llori. Nombrar a autoridades claves, como el Contralor General o defenestrar a la Fiscal Diana Salazar, parecerían ser el objetivo central. Improvisación, falta de preparación son parte de una larga lista de adjetivos con que la gente califica a esta función del Estado
La Administración de Justicia ha sufrido serios reveses a través de la actuación impresentable de magistrados que han dejado mal parada a esta Función y que injustamente arrastran a la mayoría de jueces, que son gente de bien. El tema de los Habeas Corpus a delincuentes ha generado un rechazo total.
El Poder Ejecutivo empezó muy bien con una campaña de vacunación que fue un ejemplo a nivel mundial y que salvó miles de vidas. El respeto a la libertad de expresión, la tolerancia, así como el manejo económico que está dando estabilidad al país, son también puntos a su favor. El crecimiento explosivo de la inseguridad y de la violencia, la falta de trabajo, contrarrestan esos logros y pesan en la ciudadanía al momento de evaluar la gestión del primer año. El sicariato y los motines en las cárceles no logran ser controlados y en la vida diaria tienen para la mayoría de la gente más peso que las obras positivas. En política, lamentablemente no existe la justicia al momento de juzgar a los mandatarios. Existe la percepción de la gente y esa percepción privilegia cosas de la vida diaria antes que bienes intangibles como la libertad o las buenas cifras macroeconómicas. (O)
