Apenas el 2% de los cantones en todo el país, de los 221 existentes, sigue manteniendo la exigencia del uso de la mascarilla, uno de estos, es Cuenca, a cuyo municipio Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, se dirigió de forma directa para pedirle que elimine esta exigencia.
“Solicitamos al menos del 2% de los municipios del país que se acoja a la resolución del COE Nacional, pedimos que ya no se sancione a quien no usa, que sea voluntaria la decisión, como en el resto del país”, afirmó Zapata.
Según datos del COE Nacional, solo en Cuenca, en la provincia del Azuay; y en Guayaquil, Durán y Samborondón, en Guayas, se mantiene la exigencia de la mascarilla, debido a que sus COE cantonales todavía no han reformado sus ordenanzas o resoluciones con las que establecieron la obligatoriedad.
En el caso de Cuenca, su concejo cantonal decidió no reformar la Ordenanza que rige desde abril del 2020, que establece las medidas temporales de prevención, contención, mitigación y control de la pandemia de covid-19.
Según los datos epidemiológicos presentados por el Gobierno, los cuales siguen a la baja en cuanto a contagios y hospitalizaciones, Zapata puntualizó que “este momento no existe argumento para continuar con esa norma territorial” e insistió a los municipios que dejen a la ciudadanía en la libertad de decidir si siguen usando la mascarilla.
“Quien tenga la voluntariedad de hacerlo, que lo siga haciendo, pero que ya no exista sanción en ningún espacio público a nivel nacional”, puntualizó Juna Zapata.
Distancia en la vacunación
El COE Nacional también informó que se acortaron los tiempos para la aplicación de primeras y segundas dosis de refuerzo contra la covid-19, antes eran cinco meses después del último biológico aplicado; ahora la vacunación de la primera dosis se administra a los mayores de 12 años, con una temporalidad de cuatro meses.
La colocación del segundo refuerzo también se da con un lapso de cuatro meses; la diferencia es que a este solo pueden acceder poblaciones vulnerables y prioritarias, como mayores de 50 años, mayores de 12 años con inmunosupresión moderada o severa y grupos laborales priorizados (bomberos, estudiantes del sector salud, Fuerzas Armadas).
