Cuando los maestros, en 2021, supieron que su sueldo iba a aumentar, tras las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), hubo júbilo. La última vez que se había percibido un cambio sustancial en su salario fue en el 2011.
Desde entonces, a través de distintas categorizaciones, los profesores del Ecuador han recibido un sueldo que no ha cambiado en una década.
Sin embargo, una vez que la Asamblea Nacional del gobierno de Lenín Moreno dio paso a los cambios en la LOEI parecía que los ingresos de los maestros estaban por mejorar. Con la ley reformada, no se podía ganar menos de 2.5 salarios básicos unificados.
Aquello significaba, para los maestros del país, un derecho ganado, una espera de muchos años y un reconocimiento al trabajo que no solo se queda en las ocho horas diarias.
“Nosotros somos considerados como servidores públicos, pero en el sueldo no ha sido así. Nosotros no nos limitamos a las ocho horas diarias. En nuestras casas hacemos planificación, revisamos las tareas, y preparamos la clase, entonces el alza siempre fue esperada”, dijo Frank Ríos, docente de colegio.
Al igual que Frank, el profesor Lidio Arévalo también esperaba el alza porque, en primera instancia, con el nuevo sueldo, iba a haber una mejor estabilidad económica en su hogar y trabajo, y, en segunda instancia, era un reconocimiento a la labor de los educadores del Ecuador.
Pero el alza quedó en lo mismo: en una espera que no se cristaliza, debido a que, desde un principio, cuando las reformas ya se aprobaron, hubo una serie de reclamos que recayeron en demandas inconstitucionales, que se han extendido hasta el gobierno de Guillermo Lasso y que parte de lo mismo: el presupuesto anual para cumplir con el aumento.
Tanto en los gobiernos de Moreno como de Lasso ya se mencionó que las reformas aprobadas no tienen un sustento económico.
Según la última previsión que se publicó el 17 de marzo de este año, el Estado requiere 500 millones de dólares anuales para llevar a cabo el alza salarial en todas las categorías, y ese dinero, de acuerdo al gobierno actual, no hay.
Ante ello, el presidente Lasso decidió vetar en su totalidad las reformas que se volvieron a revisar y aprobar en marzo de 2022 por la Asamblea Nacional. Esto luego de agregar los mecanismos para obtener el dinero para pagar los nuevos salarios.
Esos mecanismos habían sido solicitados por la Corte Constitucional (CC) en agosto de 2021 porque no existían los estudios económicos que respaldaran el gasto público.
Fue entonces, después del veto de Lasso, que se presentaron una docena de reclamos que se han convertido en marchas y huelgas hambre llevadas adelante por maestros y representantes de la Unidad de Educadores del Ecuador (UNE).
¿Es factible el aumento salarial?
Para el economista Rodrigo Mendieta, todo lo que se está viviendo hoy entre docentes y el gobierno se venía venir porque no hubo un análisis de cuál iba a ser la repercusión del incremento salarial en el presupuesto general del Estado.
No obstante, la Asamblea Nacional, en marzo especificó dos fuentes de ingreso para el pago de los nuevos sueldos: los ingresos por la venta del petróleo y los ingresos de la reforma tributaria. Aun así, para Mendieta, allí hay problemas.
“Todo gasto permanente tiene que ser cubierto con un ingreso permanente porque si nos cubrimos con un ingreso no permanente… qué pasaría si en un momento hay una caída del precio del petróleo o de la recaudación impositiva, ¿cómo se cubriría ese gasto”, opinó Mendieta.
En cambio, para la presidenta nacional de la UNE, Isabel Vargas, según las declaraciones que dio ayer antes de unirse a la huelga de hambre organizada por los maestros desde hace 15 días, sí existen los recursos no solo para la educación, sino para la salud y pagar la deuda social que tiene el gobierno nacional.
Propuesta del gobierno
Una vez que se vetó las reformas de la LOEI, la Asamblea lo remitió a la Corte Constitucional para que se pronuncie por ello.
Mientras se espera un pronunciamiento de la CC, el Ministerio de Educación ha organizado mesas de trabajo porque la idea es reformar el reglamento de escalafón salarial a través de un análisis con el Ministerio de Finanzas, y tener claro cuánto podría llegar a ganar los docentes de darse la reforma.
Hasta entonces, los maestros, por su lado, seguirán a la espera mientras continúan dando clases, y, por su parte, la UNE se mantendrá en la huelga de hambre en las afueras de la Corte Constitucional.
UNE pide que Corte se pronuncie
En abril, la Asamblea Nacional solicitó que los jueces de la Corte Constitucional se pronuncien sobre si el veto total de las reformas a la LOEI realizado por Guillermo Lasso es constitucional.
Hasta la fecha, los jueces no han emitido ningún fallo, por lo que representantes de la UNE decidieron empezar, hace 15 días, una huelga de hambre junto a las instalaciones de la Corte Constitucional.
Ayer, el evento, llegó a su clímax, ya que un grupo de maestros en Quito se cortaron las muñecas como “acto de desangramiento”. Mientras que en Guayaquil, las protestas continuaron y se cerró el puente de la Unidad Nacional.
Los docentes aseguraron que ninguno de los actos se paralizará hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el veto del presidente Lasso. (I)
