Las víctimas del conflicto colombiano electas por las circunscripciones especiales de paz acordaron unirse en una sola bancada para la próxima legislatura y así ser la cuarta fuerza política de la Cámara de Representantes y poder presionar al próximo presidente para que gobierne por la paz.
Las 16 víctimas que fueron elegidas por primera vez en la historia del país el pasado 13 de marzo por las denominados «curules de paz» decidieron constituirse como una sola voz en el Congreso «con el firme compromiso y convicción de defender el acuerdo de paz y los derechos de las víctimas», como afirmó al leer el acuerdo firmado hoy el representante por el Catatumbo, Diógenes Quintero.
Muchas de las zonas donde fueron elegidas siguen estando en manos de grupos armados y la implementación de la paz aún está muy lejos de ser una realidad. En el selvático departamento del Chocó, según expuso James Mosquera, el representante elegido por esta circunscripción, la situación es dramática.
En Quibdó, la capital de este departamento de la costa pacífica, «en lo que va corrido en este año van 120 jóvenes asesinados y lo peor es que están siendo asesinados por los mismos jóvenes que de pronto no han tenido posibilidades en sus territorios», denunció el representante.
«Necesitamos que en este país podamos vivir en paz», aseguró Mosquera, quien dijo que su función en la Cámara de Representantes será la de exigir «al nuevo Gobierno la implementación del acuerdo de paz porque esa es la columna vertebral para que nosotros los colombianos podamos disfrutar la tranquilidad en nuestros territorios y podamos vivir sabroso».
Los nuevos miembros del Congreso comenzarán su periodo legislativo el próximo 20 de julio y las elecciones presidenciales serán el 29 de mayo, con segunda vuelta el 19 de junio, en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos. El nuevo presidente asumirá el 7 de agosto.
Cuestionamientos a los elegidos
Las curules de paz son los espacios reservados en la Cámara de Representantes para víctimas de 16 de los territorios más golpeados por el conflicto armado colombiano que fueron elegidos este año por primera vez para que quienes más sufrieron la violencia tuvieran voz en el legislativo.
Sin embargo, la elección estuvo empañada por denuncias de intervención de fuerzas tradicionales y finalmente de los 16 elegidos, al menos 6 tienen cuestionamientos de alguna forma y se enfrentaron en situación de superioridad a víctimas del conflicto que hicieron campaña con sus propios medios y llegando a zonas donde pusieron en peligro su vida.
Mosquera, por ejemplo, es uno de esos cuestionados, ya que se acreditó como víctima el pasado 2 de noviembre, en un tiempo récord, y tras haber denunciado amenazas tan solo unos días antes. Detrás de él, según uno de sus rivales, estaría una de las familias políticas poderosas del Chocó, y el Partido de la U, que han sustentado su campaña.
Junto a él, hay más denuncias de infiltración de partidos tradicionales en la elección de las curules de paz -que tenían como requisito ser candidaturas independientes impulsadas por asociaciones de víctimas-, aunque los elegidos aseguraron que no se dejarán influir en sus funciones en la Cámara Baja donde votarán «de manera acordada en los temas que tienen referencia a la paz».
«Nosotros hasta este momento nos vamos a centrar siempre en lo que corresponde al acuerdo de paz y la representación de las víctimas», subrayó el elegido por el Pacífico Medio, Orlando Castillo, un líder social de Buenaventura.
La elección más cuestionada fue la de Jorge Rodrigo Tovar, hijo de uno de los más sanguinarios jefes paramilitares, «Jorge 40», quien mantuvo su aspiración a ocupar este asiento a pesar de ser descendiente de un victimario ya que las instituciones lo reconocen como víctima de la guerrilla.
Tovar, que también ha firmado el acuerdo conjunto para actuar de forma unánime con el resto de víctimas, pidió: «A toda Colombia que me dé la oportunidad pero no solamente a mí sino a las 16 víctimas del conflicto armado electas que queremos dejarles a las futuras generaciones un país que ninguno de nosotros nos ha tocado vivir».
Veeduría por la paz
Con la unión en una sola bancada, las 16 curules de paz se comprometen a trabajar por el cumplimiento del acuerdo de paz y defender los derechos humanos, por fortalecer la democracia participativa y reconocer los derechos de las víctimas del conflicto y por dignificar y mejorar las condiciones de vida de la población.
Así, su labor de cara al periodo legislativo 2022-2026 será trabajar en puntos del acuerdo como la reforma rural integral, reactivar el campo colombiano, las medidas para poner fin al conflicto o la solución al problema de las drogas ilícitas.
«Por último, cuenten con nuestra completa disposición de unir esfuerzos con la sociedad civil y las distintas fuerzas políticas del Congreso para trabajar de forma articulada en defensa de la paz de Colombia», aseguraron los representantes de las víctimas. EFE
