Cuenca vuelve a convulsionarse ante otro caso de abuso sexual perpetrado por un adolescente de quince años de edad contra un niño de apenas cinco.
La justicia, tras las investigaciones de rigor, confirmará o no el hecho. Sin embargo, por las declaraciones de la madre del niño, reveladas por este, poco o nada queda para la duda.
Ocurrió en una escuela de la ciudad, a pocas semanas de similar suceso en un plantel en Nero, donde ocho adolescentes abusaron de su compañera de nueve; de otro, en Ricaurte, en cuya unidad educativa dos alumnos de doce años golpearon y abusaron sexualmente a un compañero de diez. Y otro, en El Valle, donde un alumno de once años intentó violar a una compañera de nueve.
Aquellos son los casos denunciados. Los más, ni se denuncian ni se hacen públicos, sea por temor de las víctimas o la inacción de las autoridades de los centros educativos.
Según la crónica difundida por El Mercurio, entre 2004 y mayo de 2020 el Ministerio de Educación registró 3.076 denuncias de violencia sexual en los planteles educativos, aunque la plataforma digital Connectas cita más de 4 mil casos de ese tipo de abusos a partir de 2018.
Lo más preocupante: de acuerdo a estadísticas de la Fiscalía, solo el 3 % de los casos de abuso sexual escolar llega a la etapa de juicio.
Tales estadísticas, no por frías no espeluznan, reflejan un gravísimo y recurrente problema cuyos orígenes, causas y consecuencias, deben analizarse a fondo.
Urge un compromiso interinstitucional comandado por el Estado dirigido a prevenir. La educación sexual sin tapujos, complejos ni tabúes desde tempranas edades es necesaria. Los padres de familia deben asumir su verdadero rol, mucho más ahora por el acceso a internet, donde hay de todo y para todo. Si no se ponen filtros y controles, niños y adolescentes caen en riesgos digitales.
Como sociedad, como familia, como sistema educativo, la responsabilidad de velar, criar, corregir, disciplinar, de dar ejemplo y de educar a los hijos sigue en deuda.
