Guayaquil.- La Fiscalía del Guayas procesó a dos policías en servicio activo, luego de que fueran detenidos durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional, tras haber corroborado una denuncia reservada de que habrían participado en un hecho delictivo. Los gendarmes estaban asignados al servicio externo de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en el área de filtros de seguridad.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía, en la audiencia de flagrancia, desarrollada la madrugada del miércoles 18 de mayo en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, la fiscal Marjorie Escobar presentó como elementos de convicción: las municiones encontradas, dos celulares, 200 dólares en efectivo, el parte de aprehensión, las versiones de los detenidos, el acta de ingreso de evidencias a la cadena de custodia, incluyendo el vehículo en que se trasladaban.
El juez de Garantías Penales dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación diaria (de lunes a viernes) ante la autoridad judicial a los procesados, según lo dispuesto en el artículo 522, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), acogiendo el arraigo laboral y domiciliario de los investigados.
El juez convocó la audiencia de juicio directo para el 6 de junio de 2022.
Los hechos
Tras haber recibido una denuncia reservada, respecto a que en un vehículo color negro, dos personas vestidas con indumentaria policial habrían cometidos hechos delictivos, la Policía Nacional desplegó un operativo de vías en el norte de Guayaquil.
En el sector de San Francisco, en la vía a Daule, se ubicó al automotor con las dos personas. Durante la inspección del vehículo, en la guantera, se encontraron 121 municiones calibre 9 mm sin percutir, 200 dólares en efectivo, dos celulares y elementos que identificaban a los ahora procesados.
Al no responder con claridad el motivo de la tenencia de las municiones, fueron detenidos y trasladados a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo.
Información jurídica
Este caso se procesó con base en el artículo 361 del COIP, que sanciona a la persona que fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin autorización correspondiente, armas de fuego o municiones, delito sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (I)
