El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cumple un año en el cargo con la vacunación anticovid como su principal éxito, la frustrada Ley de Inversiones como su mayor revés y con el narcotráfico, el crimen organizado y las matanzas dentro de las cárceles como las grandes amenazas del país.
En el primero de sus cuatro años de mandato, el combate a la pandemia, la atracción de inversiones y la lucha contra la violencia de las bandas criminales han sido las tres principales prioridades y preocupaciones de Lasso, cuya minoría en la Asamblea Nacional (Parlamento) lo ha llevado enfrentar fuertes tensiones con la oposición.
Cuando asumió la Presidencia el 24 de mayo de 2021, Ecuador no llegaba al 3 % la población vacunada con dos dosis y actualmente ronda el 80 %, mientras que casi el 35 % ya cuenta con tres dosis.
Estas cifras de población inmunizada no solo le han valido la felicitación de la comunidad internacional, sino que además han permitido eliminar la obligación de llevar mascarilla desde finales de abril sin que esto haya significado un repunte de contagios.
La vacunación permitió una recuperación más rápida de la economía, cuyo producto interior bruto (PIB) creció un 4,2 %, mayor al 2,8 % que se proyectaba, y el déficit fiscal pasó de 7,2 % del PIB en 2020 a 3,5 % en 2021 y se espera 2,2 % en 2022. «Estamos salvando la economía», dijo la pasada semana Lasso, de tendencia conservadora.
También en 2021 hubo récord de exportaciones no tradicionales (no petroleras), con casi 8.000 millones de dólares, y para expandirlas, el Ejecutivo ha lanzado una ofensiva comercial con el fin de aumentar notablemente los acuerdos comerciales con su lema de «Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador».
El más cercano a cerrarse es con México, un paso clave para una de las grandes metas de Lasso: entrar este año en la Alianza del Pacífico, la plataforma de integración que componen Chile, Colombia, México y Perú.
FRUSTRADA LEY DE INVERSIONES
Sin embargo, el auténtico golpe de efecto que Lasso quería dar a la economía era la Ley de Inversiones, el proyecto insignia de su gestión con el que buscaba atraer 30.000 millones de dólares de inversión privada y generar unos dos millones de empleos, pero en la Asamblea se topó con la oposición.
En el Parlamento la Ley de Inversiones fue enterrada con los votos en contra de la confluencia de fuerzas de izquierda e indigenistas, entre ellos el correísmo, que evidenciaron la debilidad parlamentaria del Gobierno, con apenas 13 de los 137 asambleístas que componen la Asamblea.
Pese a que sin esta ley el Gobierno ha podido asegurar en este primer año 5.000 millones de dólares en contratos de inversión privada, este fue un duro revés de cara a abordar reformas como la laboral y la de la seguridad social, claves dentro del programa crediticio de 6.500 millones de dólares que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si bien el FMI ha alabado ciertas reformas hechas por el Gobierno de Lasso como la tributaria, también ha reclamado mayor transparencia en el gasto de seguridad social y de pensiones en vistas a desembolsar mil de los últimos 1.700 millones de dólares pendientes de entrega.
PULSO AL CRIMEN ORGANIZADO
Mientras, la Administración de Lasso también ha dado pasos para aplacar la violencia del crimen organizado que se registra tanto en las calles, con asesinatos, atentados y la aparición de cuerpos colgados o decapitados; como en las cárceles, donde siguen sucediéndose matanzas entre bandas rivales que se disputan el control interno de las prisiones.
Este clima de gran violencia coincide con un significativo aumento de la cantidad de droga incautada por las autoridades, que en 2021 registró el récord histórico de 210 toneladas, un 57 % más que 2020, mientras que en este 2022 ya se han decomisado unas 90 toneladas.
Tras un primer estado de excepción nacional a fines de 2021, este volvió desde abril en las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí y Guayas, el área donde el narcotráfico muestra su poder, con el puerto de Guayaquil como su gran trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y, en menor medida, también en Ecuador.
En las cárceles han continuado las masacres que ya dejan más de 400 presos muertos en los últimos dos años, de ellos casi 300 desde que Lasso es presidente.
Ante ello, el Gobierno ha anunciado la contratación de 1.400 nuevos agentes penitenciarios para prácticamente doblar el número de guardias, así como un programa de 5.000 indultos a presos con delitos menores y la primera política pública del país en derechos humanos para la población penitenciara. EFE
