En la sala 109, en el Complejo Judicial de Cuenca, desde las 11:00 de ayer, se cumplió la audiencia por la acción de protección solicitada por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Saquicela presentó este recurso legal en rechazo a la decisión que tomó el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), el último 20 de mayo de 2022, de suspenderlo de su cargo por 90 días por una presunta infracción gravísima.
Y es que según el CJ Saquicela habría incurrido en una presunta manifiesta negligencia, por el supuesto retardo en el pedido de extradición de Rafael Correa, expresidente del Ecuador.
Sobre Correa pesa una sentencia de ocho años de prisión, pues se lo acusa de haber participado en un trama de corrupción entre 2007 y 2017, y de que funcionarios de su gobierno recibieron sobornos a cambio de entregar contratos.
Carlos Jerves, juez de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer de Cuenca, será el que resuelva la solicitud de Saquicela. La diligencia terminó cerca de las 14:30 y se reinstalará el lunes.
Jerves el último 23 de mayo le negó a Saquicela una medida cautelar con la que buscaba dejar sin efecto la suspensión. El argumento fue que no hay la necesidad temporal de adoptar esta acción.
Gremio
Rubén Calle, jurista y expresidente del Colegio de Abogados del Azuay (CAA), asistió a la audiencia. También lo hicieron dirigentes de este gremio de profesionales del derecho.
“El mensaje que va entre líneas detrás de esta decisión del Consejo de la Judicatura es de una amenaza sobre el sistema de justicia, es establecer el yo estoy por encima de todo…”, señaló.
Y acotó: “eso es grave porque genera una grave intromisión en lo que significa la actuación judicial del sistema, implica que también los jueces este momento están en una situación de inestabilidad y hasta de temor…”.
Para Calle este tipo de actuaciones del CJ violenta el principio constitucional de división y separación de las funciones y poderes del Estado, además de que va en contra de la seguridad jurídica.
El último 25 de mayo el CCA, cuyo presidente es Pablo Cordero Diaz, emitió un manifiesto público para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y CJ.
En el escrito consta que la suspensión de Iván Saquicela genera incertidumbre al igual que atenta contra la seguridad jurídica y vulnera algunos derechos constitucionales.
Igualmente figura que “el ejercicio de la potestad disciplinaria del CJ para la suspensión de funciones de los servidores, es excepcional y debe ser motivada, proporcional con todas las actuaciones del poder público…”.
Remoción
La suspensión de Saquicela se dio pocos días antes de que sea removido, por el CJ, Darío Ordóñez, de su cargo como director, en el ámbito administrativo, del CJ en Azuay.
Justamente Ordóñez lideraba la terna enviada por Saquicela al CPCCS para elegir al presidente del CJ. Este jurista estuvo un año y un mes al frente del CJ en esta provincia.
Ordóñez registra cerca de 27 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, principalmente, en los ámbitos constitucional y contencioso administrativo. Ha sido asesor jurídico en varios gremios de la provincia y en la empresa privada. (CSM)-(I)
