Ecuador aplaude la concesión del Premio Medioambiental 2022 a Álex Lucitante y Alexandra Narváez, jóvenes de la nacionalidad indígena los Cofanes.
Considerado como el Premio Nobel de medio ambiente, sus repercusiones no deben pasar inadvertidas para el Estado, para el resto de la sociedad -casi imperturbable ante estas noticias positivas-, ni se diga para la clase política dedicada a sus intereses de trastienda.
La lucha de esos jóvenes logró fallo favorable, en 2018, de la Corte Constitucional (CC). Esto permitió la anulación de 52 concesiones ilegales de extracción de oro entregadas sin el consentimiento de la comunidad Sinangoe.
Una lección más para el Estado cuyas instituciones suelen otorgar concesiones mineras obviando pasos fundamentales previstos en la Constitución, y, por lo general, desde el centralismo.
Con la resolución de la CC se blindaron unas “32.000 hectáreas de selva tropical virgen localizada en una de las zonas más megadiversas del mundo”.
Lucitante y Narváez se definen como “guardianes de la naturaleza”. Ven amenazada la supervivencia de sus pueblos ancestrales.
De no ser por la campaña emprendida por los galardonados, el principal afectado hubiera sido el río Aguarico, considerado como sagrado por los cofanes; igual la selva, ni se diga ellos mismo.
Donarán el premio económico dotado de 200 mil dólares, compartido con otros cinco galardonados del todo el mundo, a una organización civil formada por cuatro nacionalidades indígenas de nuestra Amazonía.
Bien por ellos; bien por los cofanes, una nacionalidad compuesta por 1.200 personas, de cultura arraigada en la tierra, ríos y bosques.
Se vuelve urgente redireccionar la política extractivista, comenzando por respetar la Constitución, ni se diga a los pueblos, indígenas o no, cuyos territorios serán afectados, aunque, en algunos casos –justo es anotarlo- se impone la minería ilegal, la más destructiva.
Compatibilizar la protección ambiental y la necesidad de obtener recursos económicos es la ecuación a resolver. Difícil, por cierto.
