Hoy por hoy, la inseguridad debe ser la principal preocupación de los ecuatorianos. No es una simple percepción, sino una realidad incuestionable.
Ya no se trata solamente de la delincuencia común. Ahora, el crimen organizado y el narcotráfico asolan a casi más de la mitad del país.
Ni siquiera les atemorizan los estados de excepción. En tanto, en ciudades como Esmeraldas la gente ve sucumbir sus negocios y opta por ponerse a buen recaudado ni bien termina el día. ¿Llegamos a un estado de pánico?
Ante esa compleja y acaso dramática situación, el presidente Guillermo Lasso acaba de convocar a una amplia unidad de los ecuatorianos para combatir a un enemigo común: la delincuencia.
Hizo una especie de llamado de atención al decir: “Con la seguridad no se juega ni se hace política, por la seguridad se trabaja coordinadamente sobre cualquier diferencia”.
En estos días no cesan las críticas al gobierno por la inseguridad. Y, sí, sin darle la razón del todo al presidente, hay una parafernalia con un claro tinte político. No es difícil comprobarla en las redes sociales.
Con tantos “análisis”, lamentablemente no puestos en contexto en los medios de comunicación, se da a entender cuan fácil sería derrotar a ese “enemigo común”.
Pero el crimen organizado y el narcotráfico son verdaderas estructuras con poder financiero, con enlaces internacionales, con ejércitos propios de sicarios, con poder político, cuando no con tentáculos en la Justicia y en las mismas fuerzas del orden. Y lo más preocupante: han metido sus garras en los estratos sociales más pobres a fin de reclutar a jóvenes y niños para ejecutar sus protervas actividades.
¿Desde cuándo esas bandas delictivas afincaron sus garras en Ecuador? ¿Alguien las permitió?
Lasso tiene sus propias respuestas. Las ha expuesto ante el país, comenzado por denunciar el desmantelamiento de los órganos de inteligencia y el minado del rol de las instituciones encargadas de dar seguridad.
Ojalá el llamado del gobernante no caiga en “saco roto”.
