Carlos Jerves, juez de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar de Cuenca, declaró sin lugar la acción de protección interpuesta por Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Saquicela y sus abogados tras conocer este dictamen, en la misma audiencia, que se cumplió desde las 12:30 de ayer, anunciaron que presentarán una apelación, pues consideran que se ha violentado sus derechos.
Saquicela presentó la acción de protección en rechazo a la decisión que tomó el Consejo de la Judicatura (CJ), el último 20 de mayo de 2022, de suspenderlo de su cargo por 90 días por una presunta infracción gravísima.
Esta suspensión se dio en respuesta a una denuncia administrativa presentada el último 19 de mayo por Angel Guamán, abogado, quien luego, el 27 de mayo, decidió retirar la misma ante el CJ.
Comunicado
No obstante, ayer el CJ emitió un comunicado público en el que señala que recibió un escrito por parte de este abogado “en el que solicita que se deje sin efecto el desistimiento de su denuncia… contra el servidor judicial Iván Saquicela”.
En el boletín del CJ igualmente consta que “en su escrito, el abogado adjunta una denuncia que presentó el sábado 28 de mayo de 2022 a la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Saquicela…”.
En el documento del CJ de igual forma se reproduce una parte de la denuncia donde figura lo siguiente: “donde se determina que fui obligado a suscribir un desistimiento de la denuncia interpuesta ante sus autoridades”.
En el escrito el CJ dice que “atenderá el oficio del denunciante para dejar sin efecto el desistimiento presentado el viernes 27 de mayo de 2022, que debe cumplir con el requisito de reconocimiento de firma y rúbrica…”.
Vulneración
Saquicela sostiene que la suspensión de su cargo representa una vulneración de derechos constitucionales y considera que los vocales del CJ que resolvieron esto cometieron una arbitrariedad.
Cree que se trata de una represalia contra su persona dado que días antes dio una rueda de prensa en la que advirtió públicamente de un intento de “metida de mano” a la justicia.
A Saquicela se lo acusa de no presentar a tiempo el pedido de extradición de Bélgica de Rafael Correa, expresidente del Ecuador, sobre quien pesa una pena de ocho años de prisión por el delito de cohecho. Fue condenado en 2020.
El 22 de abril Bélgica le concedió el asilo político a Correa y ahora deberá ser la Cancillería del Ecuador, que a nivel diplomático, haga los acercamientos con el Gobierno de Bélgica.
Argumentos
En su argumentación Carlos Jerves se refirió a la razonabilidad y proporcionalidad de la suspensión contra Saquicela y citó que esto está contemplado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
En su artículo tres, numeral dos, esta norma establece que “cuando existan contradicciones entre principios o normas y no sea posible resolverlas a través de las reglas de soluciones… se aplicará el principio de proporcionalidad…”.
Para tal efecto se debe verificar que la medida en cuestión proteja un fin constitucionalmente válido, que sea idónea, necesaria para garantizarlo y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional.
