El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que presentará en agosto su esperada reforma del sistema de pensiones y prometió una jubilación mínima universal para todos los mayores de 65 años de 250.000 pesos chilenos (cerca de 300 dólares).
«Llegó el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social y en donde nuestras legítimas ideologías no entrampen la necesidad de chilenos y chilenas de tener una pensión digna», dijo el mandatario progresista durante su primera rendición de cuentas en el Congreso, dos meses y medio después de asumir el cargo.
El sistema de pensiones chileno, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y pionero en la región en la capitalización individual, ha sido ampliamente criticado en los últimos años por las escasas pensiones que otorga.
El modelo obliga a cada trabajador a aportar un 10 % mensual de su sueldo a un fondo gestionado por las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas que anualmente generan millonarios beneficios.
Las personas que obtienen pensiones más bajas o quienes no cotizan reciben una participación estatal, aunque la mitad de los contribuyentes no llegaba a recibir un monto superior al umbral de la pobreza en 2021, según datos de la Fundación Sol.
La reforma previsional, apuntó Boric, se presentará tras «un proceso de diálogo social amplio, con participación de trabajadoras, empleadores y expertas».
UN ANHELO EN LAS MARCHAS
Las bajas jubilaciones fueron una de las grandes reivindicaciones de la crisis social que comenzó en 2019 y que se extendió durante más de un año con masivas marchas por la igualdad y por un sistema menos privatizado.
«Llevamos décadas debatiendo sobre un cambio en el sistema de AFP», señaló el gobernante.
Desde que anunció en campaña sus intenciones de cambiar el sistema, la derecha y el empresariado han sembrado el miedo a una posible nacionalización de los fondos individuales ya ahorrados, algo que Boric volvió a negar en su discurso.
«Para despejar cualquier fantasma, vamos a respetar cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales y la posibilidad de ahorro de chilenos y chilenas para su vejez», agregó.
Durante los momentos más graves de la pandemia, se aprobaron en el Parlamento tres retiros anticipados del 10 % de los fondos de pensiones, una medida que ayudó a la población a enfrentar la crisis económica y que supusieron un desembolso de más de 55.000 millones de dólares para entidades privadas que gestionan estos dineros.
Para sus defensores, el modelo ha contribuido de manera importante al desarrollo del mercado nacional de capitales y la inversión de los fondos, que suman más de 200.000 millones de dólares -cerca del 8 % del PIB chileno-, ha permitido financiar numerosos proyectos empresariales.
Sus detractores, sin embargo, consideran que las inversiones de las AFP han beneficiado exclusivamente a las élites y que el sistema solo funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores. EFE
