Varias ONG de derechos humanos de Ecuador presentaron este miércoles, 1 de junio de 2022, una acción de protección y medidas cautelares a favor de pueblos en aislamiento voluntario que habitan el Parque Nacional del Yasuní, en la región Amazonía, al advertir que recientes actividades petroleras podrían provocar un etnocidio.
«El Estado ecuatoriano incumple sus obligaciones con los pueblos en aislamiento que afrontan graves vulneraciones de derechos», expresó Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador al presentar esas acciones legales.
Lo hizo en una rueda de prensa frente al complejo judicial norte de Quito, donde pidió que se dé trato prioritario y convoque a una audiencia inmediata para impedir que se produzca «un etnocidio».
Prohibición de afectaciones
La Corte Constitucional dictaminó en septiembre pasado la prohibición de afectar a la franja de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane (ZITT) en dicho Parque Nacional.
Sin embargo, las ONG de derechos humanos y ambientales censuran que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, al igual que sus antecesores, haya continuado la construcción de plataformas petroleras en Ishpingo, en el conflictivo bloque 43, con una licencia que «flagrantemente» reconoce afectaciones.
El portavoz del colectivo ambientalista Yasunidos, Pedro Bermeo, recordó que, pese al dictamen de la máxima instancia judicial, el Estado ecuatoriano ha construido dos plataformas en Ishpingo, «justamente en el borde de la franja de amortiguamiento».
Todo ello pese a que la licencia de impacto ambiental de la empresa estatal Petroecuador señalaba que la afectación directa e indirecta llegaba a la franja de amortiguamiento, manifestó.
Con base en testimonios y la observación de actividades extractivas en el lugar, Bermeo aclaró que la zona intangible no representa únicamente las áreas habitadas por los pueblos aislados y que las afectaciones ambientales están alcanzando lugares por donde transitan los no contactados.
Se trata de una amplia zona de moretales, una palma que consumen estos pueblos y donde también cazan puesto que atrae a muchos animales del ecosistema selvático.
Protección y medidas cautelares
Natalia Yépez, abogada de la Alianza, que aglutina a una veintena de ONG, precisó que el 13 de abril se inició la explotación de la plataforma A del campo petrolero Ishpingo Norte, y el pasado 4 de mayo el pozo B de la misma explotación.
La medida cautelar, insistió, fue interpuesta a raíz de que «el estudio de impacto ambiental señala que los efectos directos llegan a más de 60 hectáreas dentro de la zona de amortiguamiento».
Uno de esos impactos es el producido por los generadores eléctricos: «El solo ruido cambia el entorno y puede poner en extrema gravedad a estos pueblos y provocar contactos forzosos», alertó.
Las ONG pidieron la acción de protección debido a la constatación de que no solo la empresa estatal Petroecuador ha sido asignada para explotar el polémico bloque 43, sino que también estaría interviniendo una firma de capital chino CNPC.
«La pretensión de la medida cautelar es que Petroecuador y la otra empresa suspendan las actividades petroleras hasta que se pueda garantizar las subsistencia de los pueblos en aislamiento voluntario», esgrimió la letrada.
El Parque Nacional Yasuní, de casi un millón de hectáreas, es una de las más importantes reservas de la biosfera del mundo y de acuerdo a los científicos, hábitat de al menos tres pueblos indígenas en aislamiento: los Tagaeri, los Taromenane y otro transfronterizo ubicado entre Ecuador y Perú.
En 2007, el Gobierno de Rafael Correa propuso dejar bajo tierra las reservas de crudo que se encuentran bajo el Yasuní, a cambio de una compensación económica por parte de la comunidad internacional, propuesta que no prosperó y en 2014 se inició la explotación en el eje conocido como Ishpingo-Tambococha-Tiputiuni (ITT).
En 2018 y bajo la Presidencia de Lenín Moreno los ecuatorianos votaron a favor de incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por el Parlamento en el Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas.
No obstante, actividades como la construcción de carreteras en delicadas zonas del parque han continuado en los últimos años, según denuncias de ONG. EFE
