Amnistía Internacional (AI) urgió este miércoles al presidente peruano, Pedro Castillo, a observar (no promulgar y devolver al Congreso) una ley aprobada por el Parlamento que condiciona los materiales educativos al consentimiento previo de los progenitores, por considerar que «atenta contra el derecho a la educación sexual».
«Hacemos un llamado a que el presidente Pedro Castillo observe el proyecto de ley 904, que pone en peligro la educación de niños, niñas y adolescentes y atenta contra el derecho a la educación sexual integral», escribió AI Perú en su cuenta oficial de Twitter.
El movimiento global insistió en que los menores «necesitan una educación que no los exponga a la violencia» y que el Estado debe velar por el derecho de los menores «a una educación con futuro».
Agregó que solo «faltan 15 días» para que culmine el plazo legal que tiene el presidente para observar esta norma, que levantó una polémica desde que el Congreso la aprobó a principios de mayo pasado.
El dictamen, que plantea la intervención obligatoria de las madres y padres de familia en la realización de materiales educativos, acumula serios cuestionamientos por parte de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, que consideran que la ley quita autonomía al Ministerio de Educación y pone en riesgo la educación con enfoque de género en los colegios.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, se pronunció en contra de la norma y su cartera emitió un comunicado en el que invocó al Parlamento a reconsiderar su decisión que, según dicen, llevará al país a «mantener o agravar la situación de discriminación y violencia» que viven niñas, niños y adolescentes peruanos.
«Esto constituye un retroceso en la garantía de los derechos adquiridos a una educación integral», advirtió el ministerio.
En el mismo sentido se expresó la Defensoría del Pueblo, que aseguró que el dictamen «vulnera el principio del interés superior de la niñez» y constituye un «peligrosísimo precedente para todas las políticas públicas».
Esto, puntualizó, por institucionalizar a través de una ley «un derecho a veto por parte de personas con creencias o prejuicios, generando inestabilidad y falta de seguridad jurídica para la protección de los derechos humanos de las personas».
«La aprobación de este proyecto da la espalda a la dura realidad que enfrenta nuestro país (…) se les impediría (a los menores) el acceso a una educación libre de estereotipos y prejuicios de género, así como también al ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva, en un contexto nacional donde las cifras de embarazo, al igual que las de violencia sexual, son históricamente altas», sentenció la Defensoría.
En ese sentido, recordó que la educación sexual integral contribuye a reducir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como la tasa de embarazos en la adolescencia, y promueve la igualdad de género, permitiendo reducir o prevenir la violencia basada en género.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) divulgada este miércoles, el 82 % de los peruanos se posiciona a favor de que se dicte una educación sexual integral en las escuelas del país, mientras que otro 12 % considera que el tema no debería enseñarse en los colegios porque solo le corresponde a las madres y padres de familia. EFE
