Si bien la frase ya es una muletilla, el desenlace de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional se calificaría de la “crónica de una destitución anunciada”.
Llegar a ese punto, a lo mejor fue un trabajo silencioso, bien diseñado, de las fuerzas políticas a las cuales se les fue de las manos el control de la Asamblea desde mayo de 2021.
Los yerros cometidos por Llori abonaron esa estrategia. El “matrimonio político” entre socialcristianos y correístas se propuso destituirla “sí o sí”.
Lograron integrar la comisión multiparidista ad hoc, contradictoriamente solo con sus partidarios, más los de una facción “rebelde” de Pachakutik. Han conseguido su propósito.
Llori fue depuesta con 81 votos a favor. Se sumaron algunos legisladores de Izquierda Democrática.
La nueva mayoría juramentó de inmediato a Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea. Esperó pacientemente, sabedor, acaso, de la salida segura de Llori, cuyas acciones constitucionales a su favor no le salvaron de la bien orquestada destitución.
La jugada política ocurre cuando la desaprobación de la gestión del Legislativo es casi total.
En estos días ocurren, además, otros hechos cuyo trasfondo el tiempo esclarecerá. La suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, sin darle tiempo a la defensa. Una denuncia es basta para defenestrar a un alto magistrado, y en pocas horas.
Surgen movidas para una consulta popular con miras a echarle del poder al presidente Guillermo Lasso.
Ciertos alcaldes politizan la inseguridad ciudadana.
Organizaciones como la CONAIE y el FUT advierten con protestas indefinidas.
Asimismo, el tiempo dirá si se materializa la intención, como se ha dicho, de la nueva mayoría legislativa para hacerse del Consejo de Participación Ciudadana, y con ello tomarse la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, la Justicia; y, luego, ir a la caza del Ejecutivo.
En el Ecuador todo es posible.
