Lima (EFE).- Integrantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales marcharon este sábado por el centro de Lima para exigir la salida de la jefatura de Estado del presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, al que acusaron de ser «corrupto» y «comunista».
La manifestación, cuya convocatoria fue ampliamente difundida en redes y medios locales, reunió a ciudadanos con pancartas, bocinas y banderas para expresar su rechazo a la presunta corrupción en el actual Gobierno y exigir la renuncia o destitución por el Congreso del mandatario izquierdista.
Los participantes se concentraron en el céntrico Campo de Marte, desde donde recorrieron varias calles hasta llegar al Paseo de la República, donde se encuentra el Palacio de Justicia y luego se realizó un mitin con la participación de líderes políticos y otros representantes de la oposición.
La excandidata presidencial conservadora Lourdes Flores declaró al Canal N de televisión que la marcha tenía un mensaje de «solución final» porque su país «no puede seguir así» e invocó al Congreso a buscar una salida de Castillo del Gobierno.
«El Perú necesita que reaccionemos y solucionemos el problema ya», enfatizó.
Antes del mitin, un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia la plaza San Martín, el escenario habitual de las manifestaciones en Lima, pero policías antidisturbios bloquearon el paso hacia esa zona, lo que originó algunas escaramuzas sin consecuencias mayores.
En la plaza se encontraban seguidores de Castillo, que defendieron al régimen izquierdista y lanzaron arengas contra la prensa y los opositores al Gobierno, mientras mostraban una gigantesca banderola que decía «Trinchera de combate».
En ese lugar también se ubicaron policías a caballo para impedir enfrentamientos entre ambos grupos de ciudadanos.
En otras ciudades del interior del país, como las norteñas Chiclayo y Trujillo, y la sureña Cusco, se realizaron marchas similares, aunque con una menor convocatoria de ciudadanos.
REPUNTE DE LA CRISIS POLÍTICA
La protesta se da en medio de un nuevo repunte de la crisis política que afronta Perú desde el inicio del mandato de Castillo, a fines de julio del año pasado, y mientras la oposición y medios locales exigen que deje el Gobierno por las denuncias de corrupción presentadas en su contra.
El gobernante es investigado de manera preliminar por varias denuncias y el fiscal general, Pablo Sánchez, ordenó el domingo pasado ampliar esas pesquisas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
La defensa de Castillo exige que se declare la «nulidad absoluta» de esa investigación y anunció que, si esto no se acepta, planteará una «tutela de derechos», ya que considera que el gobernante goza de inmunidad absoluta mientras esté en el cargo.
Este viernes se difundió la presunta transcripción de un audio en la que el empresario Zamir Villaverde, quien está preso mientras se le investiga por corrupción, supuestamente le ofrece un soborno al exministro de Transportes Juan Silva para obtener la licitación para la construcción de un puente.
Villaverde, quien pidió ser colaborador de la investigación fiscal en este caso, ha implicado a Castillo en una presunta trama corrupta en el actual Ejecutivo, aunque sin haber presentado hasta el momento pruebas de sus afirmaciones.
El mismo día también se difundió un audio en el que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró el año pasado, cuando el gobernante solo tenía dos meses en el cargo, que Castillo iba a ser destituido y los legisladores se mantendrían en sus puestos.
A su turno, la líder opositora Keiko Fujimori pidió este sábado al Congreso que tome «medidas drásticas» contra el mandatario, ya que aseguró que «cada vez hay más evidencia que involucra al círculo más cercano al presidente» en actos de corrupción. EFE
