Los bonos de carbono fueron institucionalizados en el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en el 2005, como un mecanismo de reducción de las emisiones causantes del calentamiento global y efecto invernadero, que incluye un calendario de cumplimiento.
Según explicó Cristian Crespo, abogado experto en Mercado de Valores, estos se comercializan en la Bolsa de Valores y los principales compradores son las empresas del primer mundo a quienes su cuota de emisiones se les ha agotado y para subsanar lo compensan económicamente con la compra de estos bonos.
Mientras que los vendedores se ubican en las naciones en vías de desarrollo y del tercer mundo, pueden ser personas naturales, organizaciones o países que se comprometen a preservar o restaurar un servicio ambiental, con el compromiso de no explotar indefinidamente.
“Cuando una industria ha sobrepasado el nivel anual de emisiones que se le tiene permitido, lo que corresponde es detener su producción, porque no puede contaminar más, pero a cambio se le ofrece la opción de adquirir estos bonos de carbono, que muchas veces resultan más económicos que paralizar sus máquinas”, explicó el experto.
Precisamente en esta situación es en la que Verónica Arias, experta en el área ambiental, ve uno de los nudos críticos de este mecanismo, pues las empresas del primer mundo han encontrado en estos bonos la forma de evadir su responsabilidad de reducir su huella de carbono y, en su lugar, pagan por seguir contaminando. “No se han esforzado por hacerlo mejor”, señaló.
Rasa Zalake, experta en contaminación del aire y docente de Ingeniería Ambiental en la Universidad de Las Américas (UDLA), señaló que otro de los problemas que tiene este mecanismo es la dificultad de hacer que los acuerdos se cumplan, pues, aunque existen auditoras encargadas de verificar la existencia del bien ambiental y de su cuidado, se han dado varios casos de ventas dobles, es decir que, los bonos salen al mercado en más de una ocasión.
También se ha ocurrido que posteriormente, no necesariamente por descuido del vendedor, el bien desaparece y deja de cumplir su misión, la de capturar las emisiones, lo cual ocurre constantemente con los bosques.
Candado
Un candado colocado en la Constitución del 2008, impide que el mercado de carbono se aplique en el país, lo cual es defendido por las autoridades actuales, pero también criticado por quienes consideran que Ecuador tiene un alto potencial en esta área, el cual se ha desperdiciado.
Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, afirma que este tipo de transacciones están restringidas en el país principalmente porque estos bonos tienen un carácter confiscatorio, el bien no puede volver a emplearse y prácticamente pasa a manos de quien compra el bono.
Además, el artículo 74 de la Constitución establece que el uso, beneficio y aprovechamiento de los servicios ambientales debe ser regulado por el Estado, no puede ser comercializado directamente por una persona natural, como sí se lo permite en el mercado de carbono.
Según recalcó Natalia Greene, experta en Derecho Ambiental, esta restricción también se basa en que la Constitución del 2008 le otorgó derechos a la Naturaleza, los cuales, no pueden ser comercializados; sin embargo, señala que existe un mercado clandestino que se ha enfocado principalmente en las poblaciones de la Amazonía. “Se han dado algunos contratos y eso lo estamos monitoreando».
Para Zalake, Ecuador, al ser un país tan rico en naturaleza, ha desperdiciado este potencial al no involucrarse en el mercado de carbono, pues, incluso ha dejado de percibir ingresos que otros países sí aprovechan, como Costa Rica, que es un referente en el tema.
“En Cuenca se pudo vender bonos del Tranvía, porque se reemplazó las emisiones de los buses por energía limpia, el esfuerzo se hizo, pero no se recibió nada a cambio, cuando ese dinero pudo ser empleado en otros proyectos de cuidado ambiental”, explicó la experta.
Sin embargo, en el país sí se han aplicado planes de compensación ambiental, en los que se no se ha permitido la confiscación, según datos del Ministerio del Ambiente, bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se han ofertado, entre 2006 y 2021, 33 proyectos que recibieron del sector privado pagos por la emisión de Certificados de Reducción de Emisiones (CER, por sus siglas en inglés), en inversiones orientadas a procesos de energía y residuos.
Actualmente, el Gobierno trabaja en el Programa Ecuador Carbono Cero, que es la primer norma que permitirá la compensación económica destinada a proyectos que tengan un potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero verificados; a cambio, los interesados, recibirán distintivos o certificados que avalarán la reducción de la huella de carbono.
Mitigar cambio climático
En el año 2019, Banco Pichincha identificó a los bonos temáticos como una oportunidad para fortalecer su liderazgo en sostenibilidad en el Ecuador y en la región, entre los que se encuentran los Bonos Verdes, que son Certificados Bursátiles que velan por el financiamiento de actividades o proyectos que contribuyan a la mitigación del cambio climático.
Pichincha en ese año creó el concepto ambiental “Bio, somos un Banco que da vida”, el cual contempla compromisos de responsabilidad ambiental con todos los grupos de interés como clientes, colaboradores y proveedores.
Estos bonos son certificados por un verificador externo, razón por la cual Banco
Los inversionistas participantes fueron: BID Invest, la Corporación Financiera Inter nacional IFC y Proparco; el valor de la emisión lograda hasta el momento es de 150 millones de dólares. (I)
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33 proyectos en Ecuador participaron en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), entre los años 2006 y 2021.
83 por ciento de los bonos de carbono son comprados por Europa, 14 % por Asia y solo el 2 % por América del Norte.
36.600
millones de toneladas de dióxido de carbono se emitieron en el 2021, su nivel más alto en la historia.
