¿Es posible hablar de “mejorar la seguridad” del país, sin cambiar la inequitativa realidad social que vivimos y que, además, es estructural? ¿Declarar la “guerra al narcotráfico y al crimen organizado” será suficiente para terminar con la corrupción y la irrupción de redes delincuenciales en la estructura del Estado ecuatoriano? ¿En qué país la declaratoria de guerra al crimen organizado ha dado resultados? ¿Por qué no se discute en el país sobre el papel de las Fuerzas Armadas frente a las actuales amenazas que enfrentamos como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, coyoterismo, tala de bosques y tráfico de especies nativas? Exigir que la cárcel de Turi sea regional ¿no es acaso limitar la atención sobre la raíz de la creciente ola delictiva del país y desviar la atención local sobre problemas acuciantes que vivimos como la violencia intrafamiliar que en Cuenca es la más alta del país? ¿La Policía Nacional tiene el entrenamiento profesional y la suficiente madurez emocional y mental para hacer uso progresivo de la fuerza? Las balas de goma no cambian la dura crisis económica, social, política y ética que vivimos, menos cuando esta Ley es aprobada “en un ambiente político en donde varias fuerzas buscan explotar electoralmente el sentimiento de inseguridad ciudadana de forma irresponsable” (Inredh). (O)
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