El proyecto de ley para regular el uso legítimo de la fuerza fue aprobado por la Asamblea Nacional con 104 votos positivos y 19 abstenciones.
Su análisis y debate tomó mucho tiempo. Esto se justifica, pues se trata de un tema muy delicado.
El país atestiguó cómo los miembros de la Policía Nacional no podían, en casos fortuitos, disparar si un delincuente ponía en peligro sus vidas o la de los ciudadanos.
El uso del arma dotado por el Estado a un policía es el último recurso en esas circunstancias. Quienes lo hicieron fueron separados de la institución; además de defenderse ante la Justicia por cuenta propia y con sus propios recursos.
La gente, presa de la ansiedad por la inseguridad, se preguntaba cómo si un delincuente usa su arma, matando o hiriendo a sus víctimas y hasta a los propios policías, estos no podían hacer lo mismo.
Según el presidente de la Comisión de Seguridad, el asambleísta Ramiro Narváez, la ley dará garantías a policías, militares y guías penitenciarios para su trabajo.
Empero, la fuerza pública no tendrá la discrecionalidad para usar su arma, sino en función de los niveles de riesgo o de peligro. Pero esto siempre fue así.
El policía podrá repeler con un arma diferente al del sospechoso. Este ya no tendrá el “privilegio” de ser el primero en disparar. Podrá ser a la inversa.
Si sucediera un desenlace inesperado, el uniformado se defenderá en libertad.
La ley contempla además el rol de la Policía durante las protestas sociales. Es otro asunto polémico; y por ello, asambleístas de Pachakutik se abstuvieron.
El espíritu de la ley, según el legislador, no es oponerse a las protestas, sino cuando degeneren en violencia y vandalismo, como ocurrió en octubre de 2019. En estos casos, la Policía hará uso excepcional y progresivo de la fuerza.
Su vigencia dependerá de si el Ejecutivo no la vete total y parcialmente. Fue elaborada con aportes de los Ministerios de Gobierno, del Interior, y de Defensa.
