El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, aseguró este domingo 12 de junio de 2022 que la movilización contra el Gobierno de Guillermo Lasso, será «nacional e indefinida».
En un pronunciamiento a la ciudadanía en compañía de otros dirigentes indígenas y trasmitida por redes sociales, Iza indicó que la movilización comenzará a la medianoche, pero no especificó las acciones que contempla la protesta.
Insistió en que la movilización arrancará tras haber agotado las instancias de diálogo en citas concretadas el 11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre de 2021.
En Cuenca, el movimiento político Pachakutik convocó a una marcha a las 09:00 en el Parque San Blas.
Exigencias de los manifestantes
Entre las exigencias de las manifestaciones figuran la reducción y no más elevación del precio de los combustibles, «un alivio económico» para más de cuatro millones de familias con la «moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero.
Piden precios justos en los productos del campo, más empleo y respeto a los derechos laborales, «la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera», así como una «auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales».
De igual manera, el respeto a la educación intercultural bilingüe y que no se privaticen sectores estratégicos del Estado.
Los manifestantes exigen mayor presupuesto para los sectores de la educación y la salud, y la seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas «para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra a Ecuador».
La movilización se realizará a nivel nacional en momentos en que rige un estado de excepción focalizado en tres provincias de la Costa: Guayas, Esmeraldas y Manabí en un intento del Gobierno por frenar los altos índices de inseguridad.
Llamado al diálogo
El Ministerio de Gobierno ratificó este domingo su «apertura al diálogo como parte de la política del ‘Gobierno del Encuentro'».
Asimismo, formuló un llamamiento a los manifestantes «a expresar sus opiniones de manera pacífica, en el marco del orden público, el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho».
En su cuenta de Twitter apuntó que «las demandas de los líderes gremiales y movimientos indígenas deben responder a aspiraciones sociales y el bien común».
«No se puede desestabilizar el orden democrático de un país. ¡El país necesita trabajar!», añadió.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó el sábado la movilización anunciada por los grupos sociales.
«La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. Quién se beneficia de otra protesta sin límites?», señaló en un mensaje en Twitter.
Iza tildó de «muy grave» que el ministro «desde ya anuncie la represión que hará con la población civil», y le recordó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y resistencia social.
De su lado, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, advirtió este fin de semana que no permitirán daños durante las protestas.
«No vamos a permitir que se dé otro octubre, encontrarán en todas las autoridades del Distrito Metropolitano un cerco, un muro para evitarlo», indicó en referencia a las protestas de octubre de 2019, cuando unas manifestaciones sociales se tornaron violentas, hubo daños a infraestructuras públicas y privadas, así como retenciones momentáneas de miembros de las fuerzas de seguridad y saqueos.
La Conaie lideró en octubre de 2019 una protesta contra el Gobierno que entonces lideraba Lenín Moreno, y Ecuador quedó paralizado en gran medida del 3 al 13 de octubre por los disturbios.
En las protestas que comenzaron por un decreto que eliminaba históricos subsidios a la gasolina -luego derogado para aplacar las protestas-, murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad. EFE
