Luego de un año de tensiones y desacuerdos entre el Gobierno del Presidente Guillermo Lasso y la principal organización social del país, la CONAIE, esta última decidió protestar a través de un nuevo paro nacional.
Se trata de una medida tomada luego de que, durante varios meses, el Gobierno no habría dado una respuesta a las peticiones de la CONAIE; repuesta que se ofreció dar en “tres semanas”, luego del último diálogo con el Presidente en noviembre de 2021. Una medida que, además, se da en el contexto de un agravamiento de los problemas sociales que afectan a amplios sectores de la población y que tienen que ver con: el deterioro de los servicios de los hospitales públicos, de la educación pública, de la vialidad, y de instituciones como el registro civil y el IESS ; a lo que suman problemas como el tremendo incremento de la delincuencia y los asesinatos, las masacres, el incremento sin control del precio de productos de primera necesidad, el aumento del número de bachilleres que no pueden ingresar a la Universidad, el agravamiento del desempleo y la migración, la crisis de los productores agrícolas (como bananeros, lecheros, arroceros); etc. etc.
En este escenario la respuesta del Gobierno ha sido la de minimizar el paro y las protestas sociales, o la de tratar de enfrentarlos básicamente a través de la represión; habiendo recurrido incluso a un cuestionado “apresamiento” del Presidente de la CONAIE; un craso error político que terminaría más bien fortaleciendo al paro y sumando a otros sectores. Tampoco resultaría efectivo tratar de enfrentar esto utilizando la vieja cantaleta (usada también por Correa y Moreno para deslegitimar las protestas en su contra) de que las protestas sociales buscan la “desestabilización o un “golpe de Estado”, algo que también suelen repetir algunos fanáticos partidarios del régimen, pues dicho golpe sólo lo pueden dar las FF.AA.
El mejor mecanismo democrático para solucionar el conflicto social es un dialogo auténtico (o el tan cacareado “encuentro”), que concluya con acuerdos, compromisos y plazos; un asunto que para el Presidente Lasso resultaría vital, sobre todo cuando las últimas encuestas muestran que la desaprobación de su gestión, por parte de la población, llega a más del 80 %. (O)
